Después de casi una semana de reacciones y pronunciamientos públicos de decenas de organizaciones y personas en México y otras partes del mundo condenando el espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción en México, Enrique Peña Nieto se decidió, finalmente, a hablar públicamente sobre el tema.
Lejos de atemperar la tormenta, Peña Nieto lució enojado y amenazante e hizo gala de una torpeza política notable. Después tuvo que rectificar pero, dejó de manifiesto el talante que acompaña hoy al Presidente.
El Presidente se echó la soga al cuello al anunciar dos cosas al mismo tiempo que se anulan mutuamente: que ha ordenado a la PGR investigar el caso de presunto espionaje ilegal desde el Gobierno y, acto seguido, negar categóricamente que el Gobierno que encabeza sea un gobierno que espía a ciudadanos ilegalmente. De esa manera nos está anunciando, por anticipado, el resultado de las investigaciones en torno a la actuación de la agencia del Estado que representa. Con una sola declaración el Presidente nulificó la credibilidad –de por sí escasa– que pudiera tener una investigación realizada por una Procuraduría que depende de él, que recibe instrucciones de él y que, se supone, realizará una investigación sobre hechos que aluden al Gobierno de él.
Lo único que logró Peña Nieto ayer, con su mensaje en Lagos de Moreno, fue elevar la exigencia de que se realice una investigación independiente sobre hechos que lo comprometen gravemente. Cuánto nos recordó ayer Peña Nieto la investigación oficial sobre la Casa Blanca encomendada por él mismo al Sr. Virgilio Andrade. Una investigación sobre hechos que involucran al Presidente realizada por un subalterno y amigo del Mandatario. ¿Qué se puede esperar de la investigación sobre el espionaje en condiciones prácticamente idénticas?
No conforme con condenar al fracaso la investigación anunciada, Peña Nieto fue más lejos y, en algo insólito en la figura de un Presidente, amenazó directamente a quienes se han atrevido a denunciar pública y formalmente los hechos contenidos en el informe conocido ya como “Gobierno Espía”. Peña Nieto dijo que ha dado indicaciones a la PGR para determinar si las denuncias del espionaje gubernamental “tienen sustento” y, segundo, para determinar “cuál es el origen y el sustento de la fuente de esos señalamientos”. Esta última parte de la declaración causó de inmediato revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, además de una respuesta de las organizaciones que realizaron la investigación de “Gobierno Espía”, quienes acusaron recibo de la amenaza presidencial. El despropósito fue tan grande que tuvo que salir de nuevo Peña Nieto para decir que no había querido decir lo que dijo en Lagos de Moreno. Tuvo que rectificar su propio dicho y señalar que no tuvo intención de decir que actuaría legalmente en contra de críticos y denunciantes. Insistió en que encabeza un Gobierno democrático y respetuoso de la libertad de expresión. Después del efecto que causó su exabrupto autoritario y amenazante, tuvo que recular y reconocer que se había manifestado de forma inapropiada.
El Presidente, por cierto, confirma cosas que abonan a favor de la investigación publicada. Peña reconoció que: “todo el equipamiento, toda la tecnología que efectivamente tiene el Gobierno y que ha adquirido es para mantener la seguridad interna del país”. Es decir la tecnología referida en la investigación fue adquirida por el Gobierno de la República. ¿Quién es el responsable final del uso que se le dé?
Al participar el lunes pasado en la conferencia de prensa en la que se presentó el informe que dio pie al #GobiernoEspía, me permití formular algunas preguntas:
“¿Qué más, Presidente.. qué sigue… si es capaz de llegar al extremo de espiar a un adolescente?”, y agregué: “¿No le parece, Presidente, siniestro?”. Sigo pensando lo mismo y siguen esas y otras preguntas abiertas.
Publicado en Zócalo
