El diputado del PAN, Juan Pablo Yamuni Robles, resultó con “observaciones” por el uso irregular, no comprobado, de 9 millones de pesos, en funciones de titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, en tan solo el último semestre del 2016.
Se desconoce si del 2011 al 2015 Yamuni incurrió en algún desfalco en la dependencia a su cargo. Durante este periodo las cuentas públicas del gobierno estatal y sus entidades públicas fueron aprobadas por diputados del PAN y del PRI, con apoyo de la Comisión de Fiscalización del Congreso Local.
Diputados del PRI y organismos de la sociedad civil están exigiendo que se abran los expedientes contables de la Unidad de Transparencia del 2011 al 2015.
Igualmente, legisladores del PRI y líderes sociales demandan que la Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Fiscalización del Congreso Local y la actual Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas abran una profunda investigación para “desentrañar” el quehacer del también diputado del PAN, Roberto Cruz Castro, quien fungió como coordinador d asesores de Mario López Valdez y luego como secretario de Desarrollo Económico.
Durante la estancia de Cruz Castro en el gabinete de Mario López Valdez se consumó el mayor endeudamiento del gobierno del estado y el manejo no transparente de los presupuestos federales asignados a la administración malovista.
Sobre el diputado Cruz Castro pesan sospechas de enriquecimiento inexplicable. A principios del gobierno de Malova declaró poseer una riqueza de 30 millones de pesos. Al salir de la administración malovista confesó que se fortuna ascendía a 65 millones de pesos.
En diciembre del 2016, el diputado del Panal, Crescenciano Espericueta, explicaba que “las cuentas no le dan y no le dan”
“Su situación es personal y debe transparentar, porque el que nada debe, nada teme”, dijo en aquella ocasión el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Castaños.
La diputada Irma Tirado Sandoval reveló que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno malovista tiene observaciones por nueve millones de pesos, cuando era su titular el actual diputado panista Juan Pablo Yamuni Robles.
“hay un diputado que no ha solventado dichas observaciones por nueve millones de pesos, ya que era el titular de dicha Unidad de Transparencia y por lo tanto la ASE deberá de intervenir, iniciando los procedimientos”, dijo
Durante la votación del primer semestre de 2016 de dichas cuentas en enero pasado, Yamuni Robles abandonó el Congreso, alegando conflicto de intereses.
Dijo Tirado Sandoval que sea cual sea la determinación del Pleno, al aprobar o no los dictámenes de cuentas públicas, existen al menos 10 casos en los que se pudieran estar interponiendo denuncias penales, que se sumarían a las 13 presentadas en semanas anteriores por la Auditorias Superior del Estado, indicó la diputada Irma Tirado Sandoval.
En conferencia de prensa, destacó que por “primera ocasión se presentarán cuentas públicas que ya tienen procedimientos ante la Fiscalía General para que se tengan que solventar y esto nunca había ocurrido”, y el tomar una decisión respecto a los dictámenes, no implica que la ASE no continúe con sus procedimientos y se le limite en la posible presentación de querellas.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política precisó que una cosa es la dictaminación y otra los criterios personales o intereses políticos de cada quien para sacar raja de estos temas, por lo que las cuentas públicas deben de ser tratadas con la mayor seriedad posible por parte de los legisladores, toda vez que tienen una responsabilidad mayor, lo cual implica que para poder actuar deben de contar con la información correcta y clara.
Descartó que se pretenda que en el Pleno se vote por bloque los paquetes de cuenta pública, incluso se dará también lectura al informe sobre las auditorías ampliadas que ordenó el Poder Legislativo.
Tirado Sandoval adelantó que en el caso de los Organismos Públicos Descentralizado o de Participación Estatal o Municipal del Estado de Sinaloa, se propone la suspensión de las cuentas del Fideicomiso de Fondos de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, Hospital Civil de Culiacán, Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa y Servicios de Salud de Sinaloa, se está proponiendo su suspensión.
