Al participar en el ciclo de conferecias y conversatorios “Análisis y Revisión de la Ley de Seguridad Interior”, organizado por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (Indepac), el exprocurador Ignacio Morales Lechuga manifestó que el documento atenta a los derechos humanos, no ayuda ni al Ejército ni a nadie, está mal redactado y debe rectificarse.
«Ningún artículo de esta ley contempla cuidar y proteger a la ciudadanía”, dijo Morales Lechuga, y aseguró que el artículo 2 del ordenamiento jurídico define seguridad interior de forma inexacta, pues establece cualquier actividad colectiva o individual que ponga en riesgo la democracia o el funcionamiento de las instituciones, como pasa hoy mismo en varias regiones.
Víctor Martínez Bullé-Goyri, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que el Ejército es chiquito: “Su competencia no es estar en las calles, por ello las autoridades civiles deben ser quienes retomen el control de la seguridad”. Agregó que esta ley consta de 34 artículos de los cuáles la Comisión Nacional de Derechos Humanos está impugnando 19, más tres transitorios. “Una ley que supuestamente es para darnos seguridad nos pone en riesgo, y es patente el autoritarismo de quienes gobiernan”. Señaló que en México menos de 1 por ciento de los delitos que se cometen terminan siendo castigados.
Gustavo López Montiel, profesor-investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), dijo que la Ley de Seguridad Interior tiene una intención política: “Se construyó por la necesidad que había para dotar al Ejército de una base para su actuación, al sacarlo de los cuarteles”.
Mario Ignacio Álvarez Ledezma, director del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (Indepac) y exsubprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, enfatizó que la Ley de Seguridad Interior es una solución desesperada, ante la imposibilidad de adoptar un decreto ejecutivo en materia de suspensión de derechos humanos y garantías, previsto por el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Suspensión que desde el sexenio del presidente Felipe Calderón era menester emitir, para aplicar la ley y facilitar el trabajo de las Fuerzas Armadas, sin violar derechos humanos en aquellas partes del territorio nacional donde la delincuencia organizada ha sentado sus bases.
Para Álvarez Ledezma, “la Ley de Seguridad Interior faculta a la autoridad federal a realizar investigación interior sin ningún tipo de control”. Lo que, a su juicio, es «aún peor».
La Ley de Seguridad Interior está en espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinará su constitucionalidad, y vulnera el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales previstos en la Constitución, entre otros.
Publicado en El Economista
