Fernando Camacho Servín
Los altos índices de impunidad en México –generados tanto por la ineficiencia de las autoridades como por la estrategia de no investigar a las fuerzas oficiales de seguridad–, hacen que las víctimas tengan un nulo acceso a la verdad y la justicia, lo cual sólo puede solucionarse con la creación de una Fiscalía independiente y autónoma.
Así lo afirmaron investigadores y activistas durante la presentación del informe “Derecho a la verdad. Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos”, en el cual se hace un compendio de diversos episodios donde quedaron de manifiesto los vicios y carencias del sistema judicial del país en esta materia.
José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordó que hay un gran número de casos en donde policías y militares han cometido abusos graves, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, en los cuales nunca se ha identificado a los responsables, o sólo han ido a la cárcel los elementos de menor rango en la cadena de mando.
Para evitar que estas historias se sigan repitiendo, y que las víctimas sepan qué ocurrió y quiénes fueron los responsables, es fundamental contar con una Fiscalía verdaderamente autónoma y que pueda llevar a cabo indagatorias profesionales sobre todo tipo de delitos, especialmente los de guerra o de lesa humanidad.
De igual forma, es indispensable que exista un mecanismo de supervisión internacional que acompañe a la Fiscalía en los casos más delicados, y que la Corte Penal Internacional abra un examen preliminar sobre la situación de México, para llevar a juicio a los altos funcionarios que hayan participado en crímenes graves, incluyendo a jefes militares.
Consuelo Morales, directora de la organización Cadhac, enfatizó que el derecho a la verdad contempla diversos aspectos, entre ellos escuchar y darle validez a las historias de los afectados, saber cómo ocurrieron los agravios, conocer el destino de las víctimas –en el caso de las personas desaparecidas–, tener un reconocimiento de la responsabilidad de las autoridades y acceder a la justicia penal.
Por su parte, el investigador y académico Humberto Guerrero destacó que la impunidad de los crímenes del presente está relacionada con la de los ocurridos en décadas pasadas, y puso de relieve que este fenómeno no sólo se debe a un “no hacer” por parte de las autoridades, sino a una intención deliberada y proactiva de ocultar la verdad.
El también investigador Michael Reed-Hurtado puntualizó que acceder a la verdad nunca ha sido un proceso secuencial y ordenado, sino caótico y con reacciones inesperadas, y alertó que “las élites políticas y militares se pueden ver muy expuestas ante la verdad, por eso van a resistir para que no se revele”.
Sin embargo, hay también un fenómeno de resistencia de la propia sociedad ante las verdades dolorosas, lo que lleva a muchos a ignorarlas como mecanismo de defensa, y aceptar las versiones de que las “cosas malas” sólo son responsabilidad de unos cuantos.
Publicado en La Jornada
