Gloria Leticia Díaz
La organización civil Alma Migrante obtuvo el premio al “Mejor Equipo Litigante” por su trabajo en defensa de personas migrantes víctimas de policías municipales, quienes de forma indebida los entregaban al Instituto Nacional de Migración (INM).
El reconocimiento, en su Quinta Edición denominada: Sentencias Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional, fue otorgado por 15 organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, fundaciones y agencias de Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Sin Fronteras, entre otras.
La sentencia 1567/2018 permite “no sólo detener una antigua práctica ilegal de colaboración entre la policía municipal y migración”, sino esclarecer a la población de Tijuana, Baja California, que esa actividad no es legal, ya que la policía municipal “carece de funciones migratorias”.
La directora de Alma Migrante, Graciela Zamudio Campos, consideró que “en este escenario binacional de recias políticas migratorias”, la sentencia emitida por el juez de Distrito protege la soberanía de la ley mexicana en la frontera norte “y devuelve el poder a las personas en Tijuana de conocer el límite de la actuación de sus autoridades”.
Explicó que en las ciudades fronterizas, y de manera particular en Tijuana y Mexicali, es frecuente ver agentes municipales “entregar a las autoridades migratorias a los extranjeros que detiene y la ciudadanía lo permite porque cree que es una práctica legal», de ahí que la sentencia 1597/2018 evita que “estas acciones y creencias continúen».
Zamudio agregó que el impacto de la sentencia radica en que autoridades la atiendan y las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes vigilen su cumplimiento.
La demanda de amparo fue promovida en diciembre de 2018, en el contexto del paso de la caravana migrante por Baja California y de la orden a policías municipales “de detener a los centroamericanos y entregarlos a migración”, emitida por el alcalde panista de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Sobre el concurso, la organización con sede en Tijuana explicó que “premia las sentencias emitidas en el continente americano bajo las más altas normas y estándares de los derechos humanos y las buenas prácticas, que han servido para garantizar el acceso a la justicia y el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes o sujetas a protección internacional “.
El primer lugar del certamen lo obtuvo la Corte Constitucional de Ecuador; el segundo puesto fue para el Tribunal Administrativo de Costa Rica, y el tercero para el Juzgado Octavo de Distrito de San Luis Potosí.
En esta quinta edición hubo una Mención Especial para la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, también de Ecuador, y un reconocimiento para la Comisión del Migrante, Defensoría General de la Nación de Argentina.
Publicado en Proceso
