Silvia Rodríguez
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que si bien la representación de mujeres en el sector público creció de 34% en 2006 a 43% en 2023, las funcionarias siguen subrepresentadas en puestos de mayor nivel jerárquico, como subsecretarías y jefaturas de unidad, debido a tres factores principales: intereses políticos, falta de condiciones laborales inclusivas y la persistencia de la violencia de género.
En el estudio “Mujeres en las secretarías de Estado: ¿qué falta para cerrar las brechas?”, el IMCO señaló que el sistema de contratación abierta del gobierno federal facilita la incorporación de personal de confianza y este tipo de puestos permite el acceso a cargos de mayor nivel jerárquico.
Sin embargo, la mayoría de estos puestos está ocupada por hombres (60%) y su permanencia depende en gran medida de la administración en turno, lo que limita la certidumbre sobre el desarrollo profesional a mediano y largo plazo.
El IMCO recordó que aunque existen mecanismos para promover la igualdad de género, como el Sistema de Servicio Profesional de Carrera y las Unidades de Género, el impacto no ha sido el esperado, debido a la falta de recursos y de coordinación entre las secretarías.
Otra barrera es que las condiciones laborales no son inclusivas. La falta de políticas de inclusión, como flexibilidad o trabajo híbrido, sumado a jornadas laborales extensas dificultan la conciliación entre la vida personal y laboral, y dado que las mujeres desempeñan una mayor proporción del trabajo no remunerado, estas condiciones hacen poco viable que ellas puedan crecer dentro de las secretarías de Estado, o bien, las lleva a posponer decisiones personales como el matrimonio o la maternidad.
Una tercera barrera es que la violencia laboral limita la permanencia en el trabajo. Si bien existen protocolos obligatorios en las secretarías de Estado, la violencia de género persiste en los entornos laborales.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una de cada cinco mujeres empleadas en instituciones gubernamentales reporta haber vivido alguna forma de violencia. Las mujeres identificaron dos deficiencias en los mecanismos de atención: la abstención de denunciar por temor a represalias que puedan afectar su carrera en el sector público y la falta de instrumentos de denuncia adecuados para reportar estos abusos.
