La recomendación a la PGR es que acredite el estado de salud mental de mamá Rosa con los procesos técnicos y científicos necesarios para saber si presenta o no algún tipo de enfermedad mental, si ésta es permanente o temporal y si implica o no la inimputabilidad.
Por: Areli Quintero y Ana Langner
La comisión emitió una recomendación a la PGR, ya que violó los derechos de las víctimas al considerar inimputable a Rosa Verduzco sin fundamentos suficientes; pide que se realicen las diligencias necesarias
La Procuraduría General de la República (PGR) dejó en libertad a Rosa Verduzco, conocida como mamá Rosa, sin tener evidencia suficiente para declararla “inimputable” por síntomas de demencia senil, revelan estudios realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la recomendación número 53/2015, cuando la PGR emitió el “acuerdo de libertad”, no contaba con los medios de prueba idóneos que le permitieran concluir que mamá Rosa padecía demencia senil. Ello, al llevar a cabo esta acción sin la participación de peritos en materia de psiquiatría, quienes tenían como labor realizarle estudios psicológicos, de gabinete; de laboratorio, así como revisar dictámenes previos sobre su salud e historiales clínicos.
El 15 de julio del 2014, la PGR, la Policía Federal y la procuraduría de Michoacán entraron al albergue La Gran Familia, ubicada en Zamora, de donde rescataron a 596 personas, entre ellas 460 menores de edad, que —dijeron las autoridades— eran víctimas de abuso sexual, psicológico y físico, además de que vivían en condiciones infrahumanas. Todos registrados con los apellidos de Rosa Verduzco, cabeza del albergue, quien fue detenida junto con seis personas más.
El 18 de julio del 2014, la PGR recibió un informe médico que reportaba que la directora y fundadora de la casa hogar corría un alto riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, por lo que debía ser manejada en forma intrahospitalaria con vigilancia estrecha y con posibilidad de realizar cronografía para valorarla.
En materia psicológica, consideró que sus facultades cognitivas e intelectuales se encontraban disminuidas y al corroborar la valoración clínica psicológica, consideró que mamá Rosa presentaba “síntomas” característicos del trastorno de demencia senil.
Año y medio después de eso, la CNDH concluyó su investigación del caso y determinó que la PGR violó los derechos de las víctimas al liberar de toda responsabilidad a mamá Rosa sin una prueba contundente que determinara los efectos clínicos y psiquiátricos de Rosa Verduzco.
Los derechos humanos de las víctimas que fueron vulnerados son, principalmente, el derecho a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia. Además, las víctimas y sus representantes legales no fueron notificadas sobre el contenido de la determinación del no ejercicio de la acción penal en contra de la mujer. Con ello se les dejó en estado de indefensión frente a la citada resolución que otorgó la libertad absoluta.
El documento, dirigido a la procuradora general de la República, Arely Gómez, detalla que la dependencia no fundamentó debidamente la determinación de no ejercer acción penal contra la imputada, pues a pesar de pretender dar pleno valor probatorio al dictamen psicológico, no destacó la idoneidad jurídica de tal prueba para acreditar, con ese sólo elemento, su estado de salud.
Tampoco expresó, fundada y motivadamente, la razón por la que resolvió que no era necesario allegarse y valorar otros elementos de convicción para establecer plenamente la salud mental de la mujer sin describir en qué consistía tal padecimiento.
De acuerdo con las evidencias recabadas por la CNDH, “resulta insuficiente para acreditar que PR1 (Rosa Verduzco) presentaba un diagnóstico de demencia senil, que tal padecimiento correspondía a un trastorno mental, permanente o transitorio y que el mismo le impidiera, al momento de la comisión de los hechos, comprender el carácter ilícito de los actos que se le atribuyeron; es decir, que se justificara su incapacidad mental para razonar y comprender su conducta”.
Ello, reiteró la CNDH, dado a que la PGR no realizó otras diligencias que le permitieran acreditar la supuesta incapacidad a pesar de que el 18 de julio del 2014 fue solicitado a la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría “la asignación de peritos en materia de psiquiatría, diligencia que no se desahogó y que era necesaria para que los médicos especialistas emitieran su opinión técnica respecto de la conclusión”.
La comisión nacional recomendó así que se realicen las diligencias necesarias para determinar en forma “indubitable” el estado de salud mental de mamá Rosa, llevando a cabo los procesos técnicos y científicos indispensables para establecer si presenta o no algún tipo de enfermedad mental; si ésta tiene el carácter de permanente o temporal; si resulta contemporánea a los hechos que se le imputan y si todo lo anterior implica o no la inimputabilidad.
La recomendación no es vinculatoria a la PGR, por lo que debe ser dicha dependencia la que responda si acepta, o no, cumplir con los puntos expresados para la reparación del daño de las víctimas.
Fuente: El economista
