Héctor Molina
De 11 Órganos Internos de Control (OIC) analizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el informe de la Cuenta Pública 2015, en nueve de ellos se encontró que sus estrategias implementadas para el combate a la corrupción en las dependencias en las que se de-sempeñan entran en una calificación “baja”.
Éstos son los casos detectados por la ASF: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Comisión Nacional de Salud, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Salud.
En tanto que en sólo dos, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el del Servicio de Administración Tributaria, sus estrategias fueron calificadas como de nivel medio, con un puntaje, en una escala del 0 al 100, de 61 y 53, respectivamente.
Entre las observaciones realizadas por la ASF, por ejemplo, a la Sedesol, a la cual la calificó con 18 puntos, identificó procesos susceptibles a actos de corrupción “tales como adjudicaciones directas, gastos en comunicación social, viáticos, pasajes nacionales e internacionales y asuntos contenciosos o penales, en las que el OIC determinó irregularidades, no se proporcionaron evidencias de las acciones sancionatorias, preventivas o correctivas promovidas para que la Sedesol atendiera las observaciones identificadas”.
Se apreció también que no existen pruebas de supervisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) respecto a las funciones de auditoría y control del OIC de la Sedesol, además de que no “facilitó la evaluación de la actuación y el desempeño de los titulares del OIC y de sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas”.
En la SHCP, el órgano fiscalizador calificó al OIC con 30 puntos y encontró que “en las irregularidades y omisiones identificadas en las auditorías realizadas, no se promovieron sanciones a los servidores públicos responsables debido a que no se determinaron elementos que comprueben la presunta responsabilidad administrativa”.
La ASF concluyó que las observaciones realizadas por el OIC de esta dependencia no inciden y por ende existe una recurrencia en irregularidades detectadas en las revisiones que lleva a cabo, al tiempo que “no se promueven sanciones a los servidores públicos que han infringido la normativa”.
En la Secretaría de Salud, la cual se evaluó con 31 puntos, la ASF identificó que el OIC de esta instancia tiene un alcance limitado en las recomendaciones que emite a la instancia, además de instar a que “los perfiles profesionales del personal del OIC deben revisarse y actualizarse con el propósito de alinearlos con la necesidad de responder a los requerimientos de sus funciones y a los de las disposiciones que rigen su desempeño”.
Los reprobados
Entre los análisis a los OIC reprobados en estrategias de combate a la corrupción, destacó el resultado obtenido por el órgano de control de la SEP, el cual fue calificado con 3 puntos en la misma escala de 0 a 100.
En el análisis se descubrió que el OIC no “promovió o coordinó la realización de investigaciones, auditorías, inspecciones o visitas sobre programas, procesos o recursos de alto impacto en las instituciones del sector, ni estrategias para atender problemas que les afectan de manera colectiva”.
Además de esto, el órgano fiscalizador federal indicó que “no se tienen mecanismos para evaluar que su personal cumpla con los códigos de conducta de la SEP y de la SFP”.
La ASF precisó también como una conclusión que no existe una estrategia por parte de la SFP para informar de las nuevas responsabilidades que tendrá el órgano interno con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por lo que “considera prioritario que se establezcan acciones para su difusión, capacitación y seguimiento”.
Por otra parte, la ASF identificó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cuenta con “mecanismos para evaluar que el personal del OIC cumpla con los códigos de conducta de la Sagarpa y de la SFP”.
Asimismo no se proporcionó capacitación en materia de auditorías al personal del OIC en temas técnicos que tienen que ver con la fiscalización.
Respecto a la vigilancia de la SFP hacia el OIC de esta dependencia, el máximo órgano fiscalizador del país precisó que no hay evidencia alguna de supervisión de la eficacia y eficiencia de las auditorías que realizó dicho órgano, además de que “no se facilitó la evaluación de la actuación y el desempeño de los titulares del OIC y sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas”.
La Sagarpa fue calificada por el órgano fiscalizador federal con 13 puntos.
Sin evaluación del padrón de programas sociales
El órgano fiscalizador encontró que durante el 2015 la SFP “no realizó una evaluación integral” de los 184 programas presupuestados y autorizados para subsidios y apoyos en el Proyecto de Egresos de la Federación de entonces, que contempló una suma de 628 millones 81,656.8 pesos, “ni evidenció que la distribución de los recursos aprobados a esos programas se realizó de forma equitativa y no discriminatoria”.
Esto, estimó la ASF, provoca que persista el riesgo de tener duplicidades en los padrones de beneficiarios a los que se les entregan los apoyos y subsidios.
Qué son los OIC
En el país existen 214 Órganos Internos de Control (OIC), que dependen estructuralmente y en presupuesto de las dependencias u órganos en los que se desempeñan.
Entre las tareas que tienen encomendadas por parte de la Secretaría de la Función Pública, a la cual reportan, están el prevenir, detectar y denunciar actos de corrupción al interior de las dependencias u órganos, a través del procesamiento de denuncias ciudadanas; realización de investigaciones correspondientes, además de implementar auditorías.
EL DATO
La Secretaría de Salud, mediante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, informó que después de realizar una investigación sobre medicamentos apócrifos en Veracruz, se encontraron 21 ampolletas del medicamento Avastin que no fueron aplicadas a pacientes y, de las cuales, cinco fueron analizadas por Laboratorios Roche, el cual encontró que “no corresponden a un producto original de Roche y no contienen principio activo”; además, observa irregularidades en las cajas y materiales del producto original.
El actual gobierno de Veracruz ha presentado diferentes denuncias sobre falsos medicamentos adquiridos en las administraciones pasadas.
La dependencia Federal también señaló que se decomisaron 23 toneladas de medicamentos caducos que se encontraban en los almacenes de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, además de asegurar 46,984 pruebas rápidas para VIH por carecer de registro sanitario, adquiridas en el 2012 por un monto de 9.5 millones de pesos.
Por último, se informó que la Cofepris y la Secretaría de Salud federal presentaron una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal.
Publicado en El Economista
