Ante la inminente vulnerabilidad en la que se encuentran los inmigrantes que son repatriados, diputados del Partido Sinaloense se pronunciaron durante la sesión de la diputación permanente del Congreso local para que se atienda una iniciativa de Ley de Protección de Migrantes que presentó el grupo parlamentario del PAS de la 61 Legislatura, la cual contempla una serie de derechos que buscan su protección, así como una mayor coordinación con las autoridades federales a fin de bajar recursos que apoyen a los sinaloenses repatriados.
Al dar lectura del punto de acuerdo enviado por la diputada Angélica Díaz Quiñónez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, el coordinador de la bancada del PAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño señaló que en casi todos los estados de la República, existe una oficina de atención al migrante y en tres estados que son Zacatecas, Michoacán y Guerrero existen a nivel de Secretaría, y en otras tres entidades no existe ninguna dependencia que los atienda, entre ellas Sinaloa, Quintana Roo y Baja California Sur.
“Cuando vemos las cifras de repatriados, nos damos cuenta que urge ponerles atención. Durante 2016, nuestro país recibió de Estados Unidos un total de 220 mil repatriados a través del Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM) en alguno de los puntos oficiales, es decir, fronteras y aeropuertos. De éstos, más de 10 mil son sinaloenses, 9 mil 598 hombres, 420 mujeres, de los cuales son 238 entre niños, niñas y adolescentes, que requieren de albergues temporales a cargo de la Procuraduría de Protección del Sistema DIF en lo que son llevados a sus lugares de origen. Durante ese año, Guanajuato fue la entidad que se ubicó con el mayor número de repatriados, con un total de 14 mil 313; y la entidad con menor número de repatriados fue Baja California Sur con un total de 172 personas repatriadas”.
Remarcó que como se observa, Sinaloa se encuentra en uno de los rangos más altos, con la diferencia que nuestros repatriados no reciben apoyos, por no tener una oficina del gobierno del estado que los atienda, siendo canalizados a otras entidades, cuando deberían ocupar un lugar preponderante en la agenda política de Sinaloa.
Explicó que el Programa Nacional de Repatriados del Gobierno Federal, cuenta con un fondo de ayuda de $300 millones de pesos, mediante el cual se les apoya información, orientación, alimentación, canalización a albergues, atención médica, llamadas telefónicas a familiares, traslados y ayuda económica hasta $25,000.00 por repatriado. Y opciones de reincorporación a la vida económica y social en sus lugares de origen y/o residencia.
Asimismo, dijo que la Dip. Angélica Díaz Quiñónez, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, platicó con el Delegado del Instituto nacional de Migración en Sinaloa, Lic. Óscar Tirado Tirado, solicitándole que este Congreso del Estado de Sinaloa, le dé seguimiento a las iniciativas que se han presentado hasta el momento y atendiendo al proceso legislativo actual, se trabaje en un Dictamen porque recursos existen, pero se requiere de una Ley que regule su ejercicio presupuestal.
No queremos más tragedias como la del Sr. Guadalupe Olivas Valencia de Los Mochis, Sinaloa, quien se lanzó desde un puente peatonal ubicado en El Chaparral de la ciudad de Tijuana, B.C. Hagamos de la Ley una realidad.
Presidente de la Comisión de Educación exhorta a conformar un frente común que favorezca la continuidad de los estudios a los «dreamers» que decidan radicar en Sinaloa.
En ese mismo tema, el presidente de la Comisión de Educación, Víctor Antonio Corrales Burgueño señaló que con respecto a los «Dreamers» Sinaloa tendrá un impacto si deciden radicar aquí, por lo tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense exhorta a las autoridades estatales a que implementen tres acciones prioritarias:
1. Poner a disposición de los jóvenes deportados un portal público para que se registren y poder contar así con un padrón oficial.
2. Que el gobierno del estado, tal como ocurrió el año pasado, cuando muchos jóvenes no alcanzaron cupo para inscribirse y proseguir con sus estudios, convoque a los directores y rectores de las instituciones de educación media superior y superior a una reunión para delinear las políticas a seguir, así como acordar las formas de apoyo a los jóvenes deportados.
3. Que el gobierno de Sinaloa establezca una casa del migrante para brindar un refugio a los deportados, nacionales o extranjeros. A pesar de que nuestro estado es un lugar de tránsito de la migración, es uno de los pocos que no cuenta con este instrumento.
