Leopoldo Hernández
María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, se pronunció porque las iniciativas en materia de seguridad interior se sometan a revisión.
Señaló que las modificaciones a las iniciativas deberán contener la acotación a la seguridad interior a “escenarios específicos y claramente limitados”, además de incluir el procedimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos.
“También se debe procurar que la ley contenga el procedimiento que definirá la temporalidad, por otra parte, se ha propuesto reglamentar el Artículo 29 constitucional para que queden claramente establecidos los casos de suspensión de garantías y se especifique la situación de excepción”, dijo durante su participación en el Foro Sin Fiscal General, no hay Combate a la Corrupción.
Indicó que tras la revisión de las iniciativas en la materia, detectaron confusión en los conceptos de seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública, generando ambigüedades en la asignación de responsabilidades.
Falta también, expuso, claridad en cuanto a la declaratoria de afectación, que es la figura mediante la cual se determina que existen amenazas a la seguridad interior.
De acuerdo con Morera, algunas iniciativas contemplan que sea facultad unilateral del Poder Ejecutivo la declaratoria de afectación sin que medie aprobación y supervisión del Congreso; mientras que en otras el concepto es tan amplio “que se podría utilizar la fuerza militar ante cualquier tipo de resistencia no agresiva, agresiva o grave”, mencionó.
Mientras que en la duración de la figura, explicó que algunas de las iniciativas “son tan flexibles” que no establecen las condiciones y tiempos máximos de duración, lo que abriría la posibilidad a que ésta sea indefinida o de extensiones automáticas.
En su oportunidad, Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, alertó que si la tendencia en los homicidios dolosos se mantiene, podríamos llegar a finales de este año a 30,000 víctimas.
“Eso equivale a algo más de 24 homicidios por 100,000 habitantes, que podría ser, de nuevo con un poco de mala suerte, la tasa más alta desde 1965. Esto es una situación de crisis”, alertó.
Refirió que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el primer trimestre de este año se han registrado 6,511 homicidios dolosos, lo que significa que hay 72 asesinatos por día.
En tanto Graco Ramírez, presidente de la Conago y gobernador de Morelos, señaló: “Si se aprueba únicamente la (ley) de seguridad se va a privilegiar la emergencia y a legalizar solamente la emergencia”.
Llamado del CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, exigió a los legisladores que permitan recuperar la seguridad en el país y la tranquilidad de las familias mexicanas, al aprobar leyes que permitan la profesionalización de policías, el Estado de Derecho y fortalecer las Fuerzas Armadas.
A dos días de que concluya el periodo ordinario en el Congreso, el sector empresarial sentenció que es impostergable la aprobación de la ley de seguridad interior y la reforma a la coordinación de los cuerpos policiales. (Con información de Lilia González)
Publicado en eleconomista.com.mx
