Blanca Juárez
La iniciativa para modificar el sistema pensionario que impulsa el gobierno federal no es la que se esperaría de uno de izquierda, coincidieron especialistas del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. En resumen, disminuye las semanas de cotización, pero entonces la gente recibiría una pensión de 2,500 pesos. Eleva la aportación patronal, pero sólo para quienes ganan más. Todo esto podría aumentar la brecha de desigualdad, advirtieron.
La propuesta refuerza el sistema de cuentas individuales, que es privatizador, señaló Teresa Guerra Ochoa, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Mientras que Saúl Escobar Toledo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), indicó que dado que los salarios más altos tendrán una mayor cuota patronal, las empresas podrían optar por dar sueldos bajos.
El foro Análisis de la propuesta de reforma pensionaria, donde se reunieron vía zoom, fue convocado por el Observatorio y por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ahí, Berenice Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, recordó que la iniciativa no está dirigida a toda la población trabajadora, sino al 34% de quienes cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Desde julio de 1997, para que una persona pueda pensionarse debe haber cotizado 1,250 semanas. Quienes comenzaron a laborar con la Ley del Seguro Social (LSS) de 1973 sólo necesitan 500. Así que disminuir ese periodo a 750, como lo plantea la iniciativa, es positivo, dijo Teresa Guerra. Pero ese no sería el plazo final, pues se irían agregando más semanas hasta topar en 1,000, detalló.
Premio al mejor salario
La iniciativa fue anunciada el 23 de julio por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto fue elaborado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y cuenta con el aval de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Propone que le edad de retiro sea de 60 años y que las aportaciones de las empresas pasen de 6.5 a 15 por ciento.
Pero también desaparece la fracción III del artículo 163 de la Ley del Seguro Social (LSS), la cual establece que del salario del trabajador el Estado aporta 7.1 por ciento. “Significa que la bolsa de ahorro del trabajador sería menor”, advirtió Teresa Guerra.
Aunque la cuota social se eleva y ya no se necesitan 1,250 semanas de cotización, sino 750, quienes se acojan a este esquema tendrán una pensión de 2,500 pesos mensuales. “Eso ni siquiera es un salario mínimo”. El monto sube si trabajan más semanas y tienen más edad, explicó.
En el penúltimo año de la actual administración, en el 2023, la cuota patronal llegaría a un poco más del 11 por ciento. Pero sólo para quienes reciban más de 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA), añadió. Pero, 75% de quienes cotizan en el IMSS ganan menos que eso de acuerdo con Odilia Ulloa, integrante del observatorio.
“Al premiar” los salarios más altos, con cuotas patronales más altas, se puede agrandar la brecha salarial, opinó Saúl Escobar. “Las empresas podrían preferir pagar salarios bajos” para no gastar en cuotas mayores.
Algo positivo, de acuerdo con Teresa Guerra, es que se incrementa la cuota social, que es lo que el Estado aporta para quienes ganan hasta dos salarios mínimos. Sin embargo, la reforma mezcla salarios mínimos y UMA, actualmente la LSS no contempla a este último índice”. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que es inconstitucional utilizarla para este tema, recordó.
Alto costo fiscal
Otro punto en contra del proyecto oficial es que este nuevo modelo sería más subsidiario que el actual. Y lo sería en beneficio de las Administradora de Fondos para el Retiro (Afores) “y no directamente de los trabajadores”, consideró Saúl Escobar. El costo fiscal sería enorme, afirmó.
La seguridad social es un derecho humano fundamental y es obligación del Estado garantizarlo, recordó Teresa Guerra. Por ello llama la atención que en la exposición de motivos de la iniciativa se considere que el sistema de Afores ha traído beneficios, “cuando no ha sido así”. De los más de 30 países que lo adoptaron entre 1980 y el 2000, casi una veintena ya “metió reversa”.
En general, “no es la iniciativa que esperaríamos de un gobierno como el de Andrés Manuel. Me parece incluso delicado que un gobierno de izquierda hable de los beneficios que tiene el sistema privatizador de pensiones”. Este modelo sigue siendo una opción sólo para quienes tienen más altos ingresos, pero no para la mayoría de la población, concluyó.
Publicado en El Economista
