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Un juez peruano abrió ayer un juicio contra el encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, de 83 años, por su responsabilidad en miles de esterilizaciones forzadas realizadas durante su gestión, pero dejó el caso suspendido hasta que Chile otorgue un permiso para juzgarlo por este caso.
El poder judicial señaló en su cuenta oficial de Twitter que el juicio también incluye a tres ex ministros de Salud de Fujimori; uno de ellos es el actual legislador del partido fujimorista Alejandro Aguinaga, presidente de la comisión de fiscalización del Parlamento.
El juez Rafael Martínez precisó que este nuevo juicio contra Fujimori quedará suspendido hasta que Chile otorgue permiso para juzgarlo por esta acusación, dado que Fujimori fue extraditado de Chile en 2007 y la justicia de ese país autorizó que Perú lo juzgue por otros casos.
El caso de esterilizaciones forzadas es uno de las más emblemáticos de Perú, con el que se buscó frenar la natalidad de los humildes e indígenas sin reparar en sus derechos y como estrategia para disminuir la pobreza del país, según el Ministerio Público.
Las mujeres esterilizadas lucharon dos décadas para que la fiscalía acusara a Fujimori. La investigación preliminar a nivel de la fiscalía peruana sufrió varios intentos de quedar archivada en 2009, 2014, 2016 y 2018, de acuerdo con defensores de las víctimas.
En marzo pasado, el fiscal Pablo Espinoza, en representación de más de mil 300 esterilizadas a la fuerza, encausó a Fujimori y los ex ministros de salud. Agregó que el gobierno se enfocó en esterilizar a las más pobres “porque no hay agraviadas de otros sectores sociales”.
Entre 1996 y 2000, se organizaron innumerables “festivales de salud” en pueblos alejados que incluían fuegos artificiales y bandas de música para atraer a mujeres, quienes mediante engaños y coerción fueron esterilizadas sin consentimiento informado.
El fiscal indicó que el gobierno de Fujimori premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios de salud que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos. Según la fiscalía, se realizaron unas 273 mil 684 esterilizaciones y se produjeron mil 599 complicaciones.
Publicado en La Jornada
