Blanca Juárez
El esquema de afiliación para las personas trabajadoras independientes “es el cambio más importante en los últimos 25 años” en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sostiene Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del organismo
Hace unos días, el Senado completó el proceso legislativo y aprobó una reforma a la Ley del Seguro Social (LSS), propuesta por la diputada federal Ivonne Cisneros Luján (Morena) en materia de afiliación voluntaria. Con ello, la participación de trabajadoras y trabajadores independientes será parte de los diferentes esquemas de aseguramiento del IMSS de manera permanente.
En su fase de programa piloto, entre febrero de 2021 y septiembre de 2023, este modelo ya le llevó al IMSS 2,300 millones de pesos. Esto equivale a lo que costaría construir dos unidades de medicina familiar de más de 10 consultorios con admisión continua, ejemplifica la funcionaria.
El organismo proyecta una viabilidad financiera de este nuevo modelo de afiliación de más de 14 años. “No impacta las finanzas del instituto, al contrario: permite que haya ingresos adicionales, lo cual repercute en el superávit del instituto y, en función de eso, podrá crecer la infraestructura”, señala la funcionaria.
Entre las 161,267 personas inscritas hay artistas de diferentes disciplinas, migrantes de origen mexicano en Estados Unidos y extranjeros en nuestro país, jornaleros, repartidores, choferes, emprendedores y hasta patrones que ya cuentan con los cinco seguros que ofrece el IMSS.
La reforma a la LSS se acompañó de una modificación a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Por lo tanto, las personas afiliadas bajo esta modalidad tendrán también acceso a un crédito para adquirir una casa.
“De verdad, te lo digo con mucha conciencia: es el cambio más importante en los últimos 25 años en materia de seguridad social”, dice en entrevista Norma Gabriela López, la funcionaria artífice de las modificaciones que han permitido la afiliación de personas que antes no podían ingresar al instituto.
Nuevos trabajos, nuevas formas de afiliación
Desde la creación del IMSS en 1943, el mundo laboral ha cambiado mucho. El gran instituto de seguridad social para las personas trabajadoras se creó pensando en empleos con horarios, centros laborales y empleadores definidos.
Y aunque en ese momento ya había trabajos que no encajaban con el modelo tradicional, al inicio el IMSS no los incluyó. Hasta finales de los años 90 creó un esquema de aseguramiento voluntario, pero “no contaba con todas las coberturas de seguridad social, tenía barreras fuertes de entrada y podían cotizar hasta un salario mínimo”, explica Norma Gabriela López.
Todo lo anterior hizo que este modelo no fuera efectivo. “En 25 años que este mecanismo tenía operando no logramos superar las 35,000 personas afiliadas. Y peor aún, aunque tuvieran bastante tiempo de cotización, no podían acceder a tratamientos de largo plazo o de enfermedades como la diabetes”.
Había una “gran necesidad de abrir el Seguro Social” a poblaciones que persiguen ingresos de forma diferente o que, por sus condición social o de edad, no son contratadas y tienen que buscar otras opciones, como el autoempleo.
“Entendimos que teníamos que hacer algo, no podíamos dejar que la incorporación del IMSS quedará sesgada solamente a las modalidades que tenía el seguro social”, agregó.
Entonces comenzó una etapa de planeación y diseño de un nuevo esquema de afiliación. “Con el visto bueno del director general, Zoé Robledo”, Norma Gabriela López y su equipo planteó la posibilidad ante el Consejo Técnico del instituto para crear un programa piloto, tal como lo hicieron con las trabajadoras del hogar.
Iniciar la afiliación bajo un modelo de prueba les permite corregir trámites y adecuar los sistemas del instituto. “Le apostamos a poner a los trabajadores independientes en igualdad de condiciones que un trabajador de cualquier industria. Así fue como en febrero el 2021 empezamos con el esquema piloto”.
Repartidores, choferes y jornaleros
En México, más de 12.5 millones de personas se pueden considerar como trabajadores independientes, dice Norma Gabriela López. Por lo tanto, la inscripción actual supera apenas el 1 por ciento.
“Te puedo decir que ha sido una prueba muy exitosa” con “la incorporación de 161,267 personas trabajadoras independientes hoy vigentes en el Seguro Social, cotizando un salario promedio de 277.53 pesos”.
Esta afiliación, que tiene una permanencia del 85%, genera una recaudación mensual superior a los 230 millones de pesos.
Al comenzar la prueba pensaron en personas que se autoemplean o en quienes laboran por proyectos o en ocupaciones asociadas a las plataformas digitales o empleos por Internet.
Pero muchas personas migrantes que se van trabajar a Estados Unidos o Canadá por temporadas han aprovechado este modelo. Un gran incentivo para estas poblaciones es que cuando se van a laborar dejan a su familia protegida con el IMSS.
El organismo se apoyó en el Instituto Nacional de Mexicanos en el Exterior (INME), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la red consular. “Capacitamos a los cónsules para que promovieran la incorporación”. Actualmente, 4,200 personas migrantes están inscritas.
También hay personas que trabajan en las plataformas digitales. En septiembre de 2021, el IMSS firmó un convenio con Beat, DiDi, Rappi y Uber para que esas empresas informaran a repartidores y choferes sobre el programa piloto.
“Pero no necesariamente es el modelo que debe prevalecer para las plataformas digitales. Es un tema que tenemos que revisar muy a detalle, es un debate a nivel internacional, incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya lo puso en su agenda para el 2025”.
Algunas personas trabajadoras de ese sector han decidido inscribirse y otras más lo podrán hacer, “pero eso no quiere decir que sea la mecánica que esté pensando el Gobierno de México para su incorporación”, puntualiza la funcionaria.
Otra gran ventaja que observa el IMSS en este esquema es que ayudará a reducir la simulación de empresas que se vendían como patrones ficticios para que las personas recuperaran sus semanas de cotización o tuvieran atención médica.
“Proliferaron muchas de esas empresas y eso es un doble fraude, al trabajador y al instituto, porque a veces dejaban de cubrir las obligaciones al Seguro Social o cuando el instituto verificaba que no había una relación laboral, le quitaba los periodos cotizados y las personas terminaban siendo defraudadas. Esto ya no lo podrán hacer esas compañías”, advierte.
