Héctor González
“Me gustaría que mi libro generara la reflexión sobre lo que ha sido el servicio público en este país”, reconoce Ana Lilia Pérez. La periodista recién publica Hijos del neoliberalismo (Grijalbo), un volumen que hace un recuento de casos vigentes y que aún nos siguen costando a la ciudadanía.
Desde la llegada de Miguel de la Madrid, hasta lo sucedido en Segalmex, el país ha padecido cualquier cantidad de saqueos vinculados con la corrupción e impunidad, precisa la autora y concluye “la llamada burocracia dorada alcanzó nóminas exorbitantes y privilegios que en mi opinión son hasta groseros para un país con poblaciones en pobreza extrema”.
Hijos del neoliberalismo será presentado el jueves 22 de marzo a las 19:00 horas, en Casa Lamm. Acompañarán a Ana Lilia Pérez, Sabina Berman, Viri Ríos y Carlos A. Pérez Ricart.
Hijos del neoliberalismo es una articulación de varias de tus investigaciones, ¿no?
Aquí están varios tópicos que he cubierto en investigaciones como las realizadas sobre el sector eléctrico o Petróleos Mexicanos, muestro cómo se llevaba en tiempo real la desarticulación de empresas del Estado. Aporto nuevos elementos sobre casos como el Fobaproa, hice revisiones contables sobre lo sucedido con los bonos del IPAB que quedaron cuando la deuda privada se convirtió en deuda pública durante el gobierno de Zedillo, me importaba ver cuánto se ha pagado y cuánto queda por pagar. Todos estos casos forman parte de la historia contemporánea del México saqueado, y además tiene consecuencias en el presente. Quería reflexionar sobre la manera en que se han llevado los recursos públicos a lo largo de décadas y contribuir para que la ciudadanía tenga información documentada, veraz y verificable. Los políticos tienen memoria selectiva y colocan en la agenda pública lo que les conviene, pero en este país tenemos un legado de malos manejos que han generado desigualdades.
Inicias el libro en la década de los ochenta, ¿es entonces cuando se empieza a gestar esta forma de hacer política?
Empieza cuando el país vivía una profunda crisis, entre los años setenta y ochenta. A nivel mundial estaba la propuesta neoliberal e incluso ya se encaminaba en países como Chile, los funcionarios de la dictadura de Pinochet se formaron en la Universidad de Chicago que es donde se plantea esta corriente. Los académicos de ahí eran asesores de los gobiernos en Estados Unidos y Gran Bretaña. En México, es durante el gobierno de Miguel de la Madrid se planteó como una alternativa para modernizar al Estado. Me interesaba ir a los orígenes porque muchas de las fortunas que se han generado en México y que tienen presencia a nivel internacional, tienen su origen en este modelo de privatizaciones. Al mismo tiempo en que se achicaba la participación del Estado en muchos sectores, se les dieron privilegios a funcionarios de alto nivel partiendo por la presidencia de la república. La llamada burocracia dorada alcanzó nóminas exorbitantes y privilegios que en mi opinión son hasta groseros para un país con poblaciones en pobreza extrema.
Dedicas espacio a programas de gobierno como la Cruzada Nacional Contra el Hambre que tuvo un costo altísimo y una repercusión muy limitada.
Menos del uno por ciento de la población objetivo recibió algo de ese programa. Cuando llegó el gobierno de Enrique Peña Nieto se anunció un nuevo PRI y las mal llamadas reformas estructurales, porque en realidad vimos la coronación de muchos mecanismos lesivos que estaban desarticulando las capacidades del Estado. Durante todos esos periodos se violentó la Constitución. En tiempos también de Peña Nieto que valga agregar ha sido la estadía presidencial más costosa en la historia de México, algunos de sus excesos fueron expuestos por la prensa. En el libro pongo cuánto costó su paso por Los Pinos; documento el incumplimiento de los programas articulados alrededor de la Cruzada Nacional Contra el Hambre mismos que dieron pie a algunas de las contrataciones que se utilizaron para desviar recursos de la llamada Estafa Maestra.
¿Cómo te explicas que tu usas información pública para las investigaciones y sin embargo, las fiscalías y autoridades no han llegado a fondo en estos casos?
Uno de los últimos capítulos se dedica a las fiscalías. En México hemos tenido altísimos niveles de impunidad. Durante los noventa, cuando se discutió la ineficiencia de las procuradurías, se habló de la necesidad de autonomía tanto en las fiscalías locales como en la federal. A partir de estas reformas hemos tenido fiscales poderosos pero ineficientes. En el libro planteo el caso de la Fiscalía General de la República que lleva el doctor Gertz Manero. Se tenía la expectativa de que con la llegada de la actual administración se procesarían los casos de alto nivel que se han quedado en el tintero, pero no ha habido respuesta, los funcionarios a cargo no han estado a la altura. Incluyo el caso de la Fiscalía de Nayarit, donde se llega al extremo del que, el entonces gobernador Roberto Sandoval designa como fiscal a su compadre Édgar Veytia, un personaje que admite su involucramiento con el crimen organizado, ahora mismo está en Estados Unidos enfrentando imputaciones graves. Ese tipo de perfiles han dañado a las instituciones y ocasionan el fracaso. Dedico espacio también al caso Segalmex, todavía pendiente de judicializarse, me voy al origen para mencionar los primeros cargos que ocupó quien fue designado al frente de Segalmex (Ignacio Ovalle), porque tuvo que ver con las privatizaciones y con los manejos en Conasupo durante los noventa. Pese a sus antecedentes se le puso al frente de Segalmex y las consecuencias las tenemos ahí. Tanto por parte de la Fiscalía como del Instituto de la Función Pública hay mucha resistencia a aportar información sobre la responsabilidad de este funcionario.
¿Segalmex es el gran pendiente de esta administración en estos términos?
Es uno de los grandes pendientes, antes de incluir el tema en el libro revisé todas las auditorías y encontré que muchos de los mecanismos usados en otras administraciones y que malos manejos, se repitieron. Además de que es un tema pendiente, debería revisarse con lupa para que no vuelva a ocurrir. Me gustaría que el libro generara la reflexión sobre lo que ha sido el servicio público en este país. Muchos funcionarios que debían ser garantes del bien público se han enriquecido, se han convertido en arquitectos de sus propias fortunas.
Una forma de hacer política muy enquistada y que no sabe de buenas intenciones.
En el capítulo Los cínicos sí sirven para este oficio hago un guiño a Rysard Kapuściński y su título Los cínicos no sirven para este oficio. Muestro cómo se ha usado la función pública para enriquecerse. Uno de los grandes pendientes que tenemos como sociedad es recuperar la razón de ser del servicio público. Uno de los casos que me resultó más complejo de investigar fue el de García Luna como contratista y quien junto con su esposa, creo una empresa llamada Glac usada para lavar dinero. Cuando hice la indagatoria me encontré con que el Partido Acción Nacional le entregó un contrato y clasificó toda la información relacionada a esto. Presenté recursos ante el INAI, pero me tocó el periodo en el que el instituto no podía sesionar porque no tenía los comisionados necesarios para discutir. Una vez que se arregló este problema el PAN argumentó que tenía un malware que les impedía darme la información, es decir todavía vemos mucha resistencia de quienes manejan recursos públicos para transparentar la información y esto es algo que los reporteros hemos padecido y seguimos enfrentando. Cuento la historia del contrato porque el área de fiscalización del INE determinó que era irregular y porque en este país se normalizó que los funcionarios públicos fueran contratistas de otras dependencias del mismo gobierno que representan a pesar del conflicto de intereses que supone.
¿Cómo evalúas la gestión del INAI durante esta administración?
Quienes hemos hecho uso de esta herramienta desde su origen hemos padecido siempre mucha resistencia y también el hecho de que los perfiles de los comisionados no siempre son tan independientes como se nos presentan. La existencia de un organismo que garantice la transparencia que, además es un derecho, es muy necesaria para que la sociedad tenga información. Si los periodistas lo usamos es porque es una de las herramientas con que contamos para difundir información pública y para que la ciudadanía pueda exigir rendición de cuentas. Ya no podemos dar marcha atrás en materia de transparencia, pero eso implica también que el propio instituto esté siempre bajo revisión permanente.
