Angélica Sánchez Hernández, exjueza de control encarcelada durante el gobierno de Cuitláhuac García, será candidata al Senado por Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz.
La exjueza y Dante Alfonso Delgado Morales, hijo del dirigente nacional del partido naranja, encabezarán la segunda y la primera fórmula a la Cámara Alta respectivamente.
“Hoy la jueza nos demuestra que no tiene miedo, todo lo contrario, quiere justicia. Sin duda será un gran elemento en el Senado”, señaló José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado.
La primera detención de la exjueza Angélica Sánchez fue el 5 de junio cuando se dirigía a una reunión en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y dos días después fue liberada.
De acuerdo con la acusación, en esa ocasión policías le pusieron un alto y presuntamente la juzgadora agredió e incluso disparó a los oficiales.
La defensa denunció que Sánchez Hernández fue incomunicada por varias horas, vivió tortura psicológica e incluso la obligaron a disparar un arma. La razón, explicó el abogado, fue la decisión de la jueza de no vincular a proceso a Itiel “N”, alias “Compa Playa”, presunto criminal en Veracruz, cuyo caso presentaba irregularidades previamente documentadas por un juez federal y un Tribunal Colegiado de Circuito.
En esa ocasión, el gobernador Cuitláhuac García mantuvo la acusación de que la jueza actuó con el abogado de Itiel “N” para liberar al presunto delincuente, y exigió que los dichos sobre la presunta tortura que recibió al ser detenida y la presunta siembra de droga sean probados.
Posteriormente, el 16 de junio, Sánchez Hernández fue detenida y trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pacho Viejo, tras ser aprehendida en la Ciudad de México por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, justificó la reaprehensión de la ahora candidata de MC al Senado bajo el argumento de que se había dado a la fuga.
En agosto, la jueza Angélica Sánchez, quedó en libertad “sin condicionamiento alguno”, pues contaba con una suspensión provisional para evitar ser detenida, por lo que la Fiscalía del estado y la Policía Municipal cometieron desacato.
