Ana Karen García
“Las cicatrices de la piel no se borran. Es inimaginable la manera en cómo nos cambia la vida después de un ataque con agentes químicos. Revolucionan nuestros proyectos, nos obligan a vivir procesos interminables con médicos, psicólogos y psiquiatras. El círculo social, familiar y laboral cambia, porque cambia la manera en la que te ves. Es un daño directo a nuestra primera carta de presentación: nuestra cara”, dice María Elena Ríos Ortíz, una mujer que sobrevivió a un intento de feminicidio con ácido sulfúrico.
La “Ley Malena” —nombrada así en reconocimiento de María Elena, activista y sobreviviente— tipifica y castiga la violencia ácida (todos los ataques con agentes químicos). Esta iniciativa implica una serie de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México que reconocen que las agresiones con químicos comprenden un tipo de violencia de género particular y que, por tanto, deben regularse bajo un marco propio.
El 8 de febrero del 2024, la Ciudad de México se convirtió en el tercer estado en aprobar estas reformas a la ley, después de Puebla y Baja California. Las reformas a la ley se aprobaron por unanimidad con 42 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
“Yo, en lo personal, pero también junto con las colectivas, la diputada promovente, las sobrevivientes y otras compañeras de lucha, estamos muy contentas porque la aprobación en la Ciudad de México marca un precedente muy importante, no sólo porque pasara sino porque pasara por unanimidad”, cuenta María Elena Ríos o Male, como le gusta ser llamada, en entrevista con El Economista.
La “Ley Malena” o “Ley Ácida”, como se ha conocido en redes sociales y otras plataformas digitales, sienta también un presente a nivel global. En América Latina, las agresiones con sustancias corrosivas se han presentado, sobre todo, en países como Colombia y Brasil; esto no significa que no ocurran en otros países, sino que hay una invisibilización importante de la problemática.
México se ha convertido en uno de los primeros países en el mundo en nombrar y regular esta violencia.
¿Qué modificaciones se hacen?
- Lo que no se nombra, no existe: reconocer la violencia ácida como toda la agresión que se perpetra contra niñas, niños y mujeres (en toda su diversidad sexual y de género) con agentes químicos.
“En la legislación previa, los ataques con ácido estaban reconocidos como una lesión agravante, pero en realidad son distintos de otras agresiones como los pellizcos, las mordidas o un golpe. Con estas reformas, ahora se reconocen como una violencia aparte”, explica Ríos Ortíz.
- Te marca para siempre, tiene el propósito de quitarte un pedazo de vida: las reformas implican también el reconocimiento de la violencia ácida como un feminicidio en grado de tentativa. Cumple con este criterio porque la piel, un órgano fundamental del cuerpo, sufra daño permanente.
“Hablamos de tentativa de feminicidio cuando un órgano del cuerpo queda amputado o con daños de por vida. La piel es un órgano y las marcas no se borran nunca. Adicionalmente, en muchos casos el ataque tiene como propósito inicial terminar con la vida de las víctimas”, agrega.
- Acceso de las sobrevivientes a la justicia: con la recategorización de la violencia ácida, estas agresiones se pagarán con entre ocho y 18 años de cárcel. Las víctimas también tendrán acceso a la reparación de daños, incluyendo recursos para la salud, física y mental, así como para la reinserción laboral y social.
“En los casos de tentativa de feminicidio las condenas podrían ser mayores dependiendo cada Código Penal. Con la regulación pasada, al ser una considerada solo “un agravante” los agresores podían negociar las condenas, pero en el caso de tentativa de feminicidio esto también se elimina, para que las víctimas tengan también la satisfacción de justicia”.
Retos: 29 entidades y un mejor sistema de impartición de justicia
Aunque la aprobación de estas reformas en la Ciudad de México, un referente legislativo a nivel nacional, implican un paso importante en el camino para proteger y atender a las mujeres, todavía quedan retos importantes.
Faltan 29 estados en los que la violencia ácida, como se acordó nombrar a este conjunto de agresiones, no es reconocida ni regulada bajo una perspectiva de género.
Adicionalmente, el hecho de que los legisladores aprueben modificaciones en las leyes mexicanas no implica que las autoridades que participan en la impartición de justicia actuarán de manera sensible y eficiente en estos casos.
“Todavía hace mucha falta crear conciencia en los Ministerios Públicos, en las Fiscalías, en el Poder Judicial con los jueces y magistrados; falta también crear sensibilidad, extender la impartición de justicia desde una perspectiva de género. De modo que las leyes no estén ahí porque sí, sino que brinden a las víctimas la posibilidad de procesos un poco menos desafortunados”, agregó María Elena.
Otro de los retos más grandes es la creación de protocolos y procedimientos para generar estadísticas oficiales sobre este tipo de agresiones en México. De momento, lo único que se tiene son los conteos y estimaciones de fundaciones y organizaciones que atienden a sobrevivientes o a familias de víctimas. Lo que no se mide, no se puede corregir.
