Arturo Rojas
En el informe “La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011 – 2024”, la organización México Evalúa informó que, en los últimos años, ha aumentado el número de elementos provenientes de las Fuerzas Armadas al frente de las secretarías de Seguridad, lo cual no ha impactado en reducir la violencia criminal.
“Debemos estar poniendo atención a cómo también se está transformando esa lógica de la operación del aparato de justicia, no solamente del aparato de seguridad y lo que eso significa. En este proceso de militarización, la violencia se está retroalimentando”, consideró Sandra Ley, investigadora de México Evalúa.
La ONG reveló que la tasa promedio de homicidios en hombres, en 2022 y 2021, en estados con secretarios de Seguridad estatales, emanados de las Fuerzas Armadas, fue de 80, por cada 100,000 habitantes, mientras que en entidades con perfiles civiles o de carrera policíaca fue de 53, en 2021 y 34, en 2022.
Los datos de la organización mostró que, en el año en curso, los civiles que encabezan las secretarías estatales corresponden al 28% del total; los miembros militares, junto a los perfiles de la Marina, alcanzaron un 44% y los policías de carrera registraron un 28% del total de los titulares de las mencionadas dependencias.
“Al corte del 10 de abril de 2024, encontramos que, en 14 estados (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Michoacán) el titular de la Secretaría fue adiestrado en las Fuerzas Armadas.
En nueve estados (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Chiapas, Campeche y Yucatán), el titular es policía de carrera; en nueve más (Sonora, Coahuila, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tabasco), se trata de un civil”.
México Evalúa apuntó que, entre 2011 y 2024, los civiles constituyeron el 44% de los secretarios de Seguridad estatales en funciones, en el que predominaron los abogados. Los militares representaron 38% de los titulares, con una notable presencia de generales y oficiales de alto rango.
Mientras que 18% de los titulares provenían de carreras policiales. Por su parte, los marinos tuvieron una presencia en 11% de las secretarías de seguridad estatales.
El informe detalló que, entre 2011 y abril de este años, “en Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas han predominado secretarios de pertenencia militar”.
Sinaloa destacó con cinco secretarios pertenecientes al Ejército, de un total de siete; mientras que, Colima, “es el único estado donde predominan secretarios provenientes de la Semar”, en el periodo de tiempo que investigó la organización.
Además, se indicó que el porcentaje de militares al frente de las secretarías de seguridad alcanzó su punto más alto (55%) al final de la administración de Felipe Calderón, disminuyendo posteriormente hasta 2020, antes de experimentar un nuevo aumento en los últimos años.
El análisis destacó que la rotación de titulares en las secretarías estatales de seguridad es alta, con una duración promedio de poco más de dos años.
Urge revisión
Durante la presentación del informe, Denisse Gutiérrez, oficial de Derechos Humanos de la ONU-DH, resaltó que el estudio pone en el centro una expresión de la militarización en México que no había sido revisada de manera sistemática: la militarización indirecta.
Dada la amplitud del periodo de tiempo revisado y la cobertura geográfica, el informe contribuye a evidenciar que la violencia en el país no se ha logrado resolver a pesar del transcurso de distintas administraciones a nivel nacional y subnacional, bajo partidos gobernantes distintos. Es decir, no hemos encontrado la fórmula para poder impactar de manera positiva en los niveles de violencia y en la situación de seguridad o de inseguridad”, opinó.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, destacó que la investigación destaca la necesidad urgente de fortalecer las policías civiles, mejorando sus condiciones laborales y despolitizando los puestos de liderazgo dentro de estas corporaciones.
Confiamos en que este reporte resonará, entre las nuevas autoridades electas (…) Nuestro estudio pretende contribuir en la toma de decisiones, pero también abonar a la información y comprensión”, dijo.
