Gerardo Hernández
La elección de jueces mediante voto popular puede ocasionar que los juicios laborales no estén a cargo de los perfiles más capacitados y se incumpla con un compromiso en el marco del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
La justicia laboral a cargo del Poder Judicial de la Federación (PJF) fue uno de los cambios que realizó México para cumplir con los compromisos asumidos con el T-MEC. De esta manera, en la antesala de una reforma constitucional que plantea cambios en la elección de ministros, magistrados y jueces, especialistas advierten que los avances y cumplimiento de los acuerdos pueden ponerse en riesgo.
Tanto a nivel federal como local, el nuevo modelo de justica laboral enfrenta retos en la resolución de conflictos en los plazos establecidos, “y los cambios agudizarían” las problemáticas ya existentes, especialmente si vienen acompañados de recortes en los presupuestos, afirma Manuel Fuentes Muñiz, especialista en derecho laboral y profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Uno de los cambios de la reforma constitucional al PJF planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.
El riesgo con este mecanismo es que los juzgadores que sean elegidos no garanticen la idoneidad para una operación adecuada de los tribunales laborales, una de las instituciones creadas con la reforma laboral del 2019 para cumplir con la resolución de conflictos obrero-patronal de manera rápida y expedita.
“Tener una cédula de licenciatura en Derecho no es suficiente, lo vemos incluso con el propio litigio, hay muchos abogados que manejan temas familiares o penales, y cuando se meten al tema laboral es evidente que el desconocimiento es inmenso. La mayor parte de la formación de los jueces en el ámbito laboral es a través del conocimiento de la jurisprudencia, representa el 70% de su conocimiento, no basta saber la legislación únicamente”, comenta Manuel Fuentes.
En eso coincide Sofía Gómez Bautista, socia de la firma Assembla Law. Una elección mediante el voto popular de los jueces de los tribunales laborales requeriría un electorado que estudie y analice las capacidades y experiencia de los aspirantes. El riesgo de elegir a los perfiles que no sean los idóneos, es que la justicia no sea pronta y expedita.
La creación de tribunales laborales fue uno de los compromisos asumidos por México con el T-MEC. Pero la obligación no sólo se limita a la conformación de las nuevas instituciones, sino a garantizar procedimientos justos, equitativos, transparentes y con el debido proceso legal.
Además, las decisiones finales deben estar “basadas en información o evidencia respecto de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas, Indiquen las razones en las que están basadas y estén disponibles por escrito sin demora injustificada”, de acuerdo con el capítulo laboral del tratado.
En 2022, Thea Lee, subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento del Trabajo de Estados del gobierno estadounidense, reconoció que la creación de un nuevo modelo de justicia laboral es el logro más importante del T-MEC en materia de derechos de trabajo.
“La reforma en materia laboral es relativamente reciente y eso significa que a penas todas las partes involucradas no estamos acostumbrando al nuevo modelo. Sería un retroceso en la materia laboral porque hemos atravesado un proceso de adaptación, y aquellos jueces que ya lo han logrado y han hecho un papel admirable y satisfactorio, con ellos se vería más el retroceso”, apunta Sofía Gómez Bautista.
Desde la perspectiva de Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, el Poder Judicial tiene áreas de oportunidad, pero descarta que se puedan realizar los cambios de manera radical y que los tribunales laborales formen parte del rediseño.
El especialista opina que el cambio al Poder Judicial es viable, pero reconoce que la consolidación de la justicia laboral es uno de los grandes pendientes de la actual administración y para que se continúe avanzando en la materia, la asignación de un presupuesto adecuado es importante.
“No se puede instrumentar un cambio sin profesionalizar, sin capacitar, sin instalaciones suficientes, y todo depende de dinero”, subraya Alfonso Bouzas.
Justicia laboral, ¿cuál es el escenario actual?
En 2020 inició la implementación de la reforma laboral con la que se crearon los centros de conciliación y tribunales laborales, esto con el objetivo de ofrecer soluciones a conflictos de manera ágil y expedita.
Hasta ese momento, la justicia laboral estaba a cargo de Juntas de Conciliación y Arbitraje, ajenas al Poder Judicial, y que acumularon un rezago importante. El nuevo modelo de resolución de conflictos tuvo un enfoque en la conciliación para evitar una saturación de los tribunales laborales.
La implementación total del nuevo modelo laboral ha requerido de un presupuesto superior a los 10,000 millones de pesos, en buena medida para la creación de las nuevas instituciones.
De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) los conflictos laborales de la jurisdicción federal se resuelven en un promedio de 8.8 meses, con el modelo anterior ese promedio era de seis años.
Y aunque hay avances, el modelo aún tiene retos. “En términos de eficacia estamos entrando a un terreno negativo, los juicios ya no caminan como se había previsto, hay acumulación de expedientes y ya hay una falta del gobierno mexicano”, opina Manuel Fuentes.
Uno de los retos actuales, subraya el especialista, es la disparidad de presupuestos entre las instancias federales y locales, lo que ha generado que el avance no sea parejo en ambas jurisdicciones.
