Alejandro Páez
La reforma al Poder Judicial ha “jalado” los reflectores pero la reforma al programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) es otra iniciativa que amaga con impactar las finanzas del país sin que haya garantía de que cumpla con sus objetivos de beneficiar a jóvenes que no estudian ni trabajan pues no se cuenta con un diagnóstico previo y los instrumentos jurídicos que garantizan una beca del Estado -en los términos que marca la iniciativa-, no bastan para asegurar la justicia social, la ocupación y la inclusión de la juventud en el desarrollo económico del país.
De hecho “por ahora no se cuenta con suficientes elementos de seguimiento y evaluación del programa JCF como para suponer que es la mejor solución pública, mucho menos como para constitucionalizarlo” como pretende la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que se prevé discutirla y en su caso aprobarla por la mayoría morenista al inicio de esta nueva Legislatura que arranca el 1 de septiembre próximo.
Así lo advierte un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado sobre esta reforma para hacer constitucional el derecho a un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo vigente a los jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estudien , a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, establece que no resulta pertinente establecerlo en la Carta Magna, pues basta con dejar como parte del artículo 123.
“No resulta pertinente constitucionalizar los programas públicos de un gobierno federal. La reglamentación de los instrumentos de la política laboral del país puede mantenerse en la legislación que deriva del artículo 123 constitucional, sin perder fuerza institucional”, establece
Alerta que este programa ha estado envuelto “en serie de ineficiencias e irregularidades tanto en el debate público como en Auditoría Superior de la Federación” pero sobre todo se destaca la presión fiscal que le representa al Estado la asignación de recursos presupuestarios sin contar con fuentes de financiamiento sostenible.
Asimismo la limitada transición que tienen los beneficiarios para contratarse en los establecimientos en los que fueron becados, las restricciones de la capacitación, que no ayuda en la movilidad horizontal del trabajo, la informalidad que subyace en las relaciones preexistentes de trabajo que aprovechan el programa para encubrirlas.
También las discrepancias en el uso del seguro médico, la gestión inadecuada de los pagos a los beneficiarios, la duplicidad en la obtención de beneficios de jóvenes inscritos en dos programas, la obtención de beneficios indebidos por parte de trabajadores de dependencias públicas y empresas que se registraron como beneficiarios del programa, entre otras anomalías.
“En definitiva, la información que se tiene sobre el programa JCF no es suficiente ni determinante como para suponer que representa la mejor solución de política pública para resolver la problemática que se ha propuesto, lo que implica que, constitucionalizar hoy un mecanismo de transferencias monetarias sin el debido diagnóstico es por lo menos prematuro”, establece.
SIN RECURSOS
El impacto presupuestal, la viabilidad financiera, y las consideraciones políticas son otros factores a observar en esta iniciativa de AMLO pues este programa al que se le han destinado más de 115 mil millones de pesos desde el 2019, para beneficiar a casi 3 millones de personas, no cuenta con un diagnóstico financiero, según informan.
Tan solo en el 2023 se le destinaron 23 mil millones de pesos, Pero con esta reforma, el Estado mexicano adquiere una obligación fiscal de largo plazo que implica prever trayectorias de gasto público -para cubrir varias generaciones de beneficiarios-, cuyos montos dependerían de la evolución demográfica, de la eficiencia del sistema educativo, de la demanda de empleo en el mercado laboral y del crecimiento de la economía.
DISCRIMNA
El IBD también alerta sobre el riesgo de discriminación que conlleva esta reforma hacia otros grupos de población socialmente vulnerable, como la infancia, las personas con algún tipo de discapacidad de una edad diferente a la considerada, o simplemente los jóvenes que sí estudian.
“¿Por qué la CPEUM debe establecer becas de capacitación sólo en favor de las y los jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan? ¿Por qué la beca constitucional no considera a la juventud que sí estudia, teniendo en cuenta que la educación formal facilita la incorporación de una persona al mercado laboral?”, son algunos de los cuestionamientos obligados a esta reforma de AMLO.
