Guadalupe Ponce
“Mexicanos preocupados”, un grupo compuesto por jueces, estudiantes universitarios, académicos, abogados, economistas y comerciantes, emitieron una advertencia a través de un estudio sobre los peligros de la reforma al Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con el documento, la reforma podría tener graves repercusiones en la economía nacional, principalmente por su incumplimiento del T-MEC y la incertidumbre que podría generar entre los socios comerciales.
“Mexicanos preocupados” resaltaron que la reforma, tal como está propuesta, podría provocar un estado de inestabilidad política con un alto costo para el pueblo de México. Los principales riesgos incluyen:
- Interrupción de relaciones comerciales: La reforma podría afectar las relaciones comerciales, económicas y migratorias con Estados Unidos y Canadá, con consecuencias devastadoras para México, dada la preocupación por asociarse con un país en incertidumbre.
- Sanciones internacionales: Se podrían imponer sanciones económicas, congelamiento de activos y restricciones a transacciones con entidades gubernamentales, además de mayores aranceles y una reducción en las exportaciones de productos mexicanos.
- Devaluación del peso: La reforma podría llevar a una continua devaluación del peso frente a monedas más fuertes.
- Compromiso de las finanzas públicas: Existe el riesgo de un déficit fiscal y un aumento en la deuda pública.
- Impacto en la deuda externa: Si la reforma se aprueba como está, el gobierno oficialista podría incumplir con los pagos de la deuda externa, afectando negativamente a las soberanías involucradas.
Además, señalaron que la reforma violaría el Anexo 23 del T-MEC, que exige tribunales independientes para la resolución de controversias laborales. También contraviene los capítulos 14 y 27 del tratado, relacionados con inversiones y políticas anticorrupción, al no garantizar la independencia de los tribunales que resuelven juicios que involucran intereses de inversionistas extranjeros.
Reforma judicial es una amenaza
Asimismo expusieron que, en virtud de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el marco del T-MEC, el Poder Judicial Federal ha desarrollado criterios técnico-jurídicos especializados y ha impulsado la capacitación continua de los jueces a través de la carrera judicial. Esto ha permitido una impartición de justicia completa y profesional, beneficiando a los justiciables y brindando certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras.
«Relativo a lo anterior, es de suma trascendencia que México ajustó toda su normativa laboral para dar certeza, entre otras cosas, a la verdadera conformación de sindicatos que sí protejan a las y los trabajadores». En este contexto, aseguraron que esto ha generado empleos mejor remunerados y ha fomentado buenas prácticas de competencia entre empresas; sin embargo, la reforma pone en riesgo la especialización de los jueces laborales, quienes juzgan con perspectiva de género y derechos humanos.
También resaltaron que la elección de juezas y jueces por voto popular no garantizaría el estado de derecho ni fortalecería el Poder Judicial. En cambio, podría amenazar la histórica relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y con otros países que actualmente confían en México.
«Un Estado de derecho débil puede aumentar los costos y la incertidumbre en el mantenimiento y ejecución de los compromisos internacionales. Entonces, el país perdería confianza y estabilidad económica y financiera».
El documento resalta que la reforma propuesta elimina la carrera judicial, afectando a jóvenes estudiantes y profesionistas que han accedido a ella a través del esfuerzo y estudio. Al eliminar esta carrera, la reforma ignora las desigualdades en el acceso a recursos económicos, favoreciendo a quienes tienen más dinero y tiempo, y potencialmente a quienes pueden financiar campañas políticas. Esto compromete la imparcialidad de los jueces y podría facilitar la influencia del crimen organizado.
Por último, agregaron que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir jueces, magistrados y magistradas en las urnas socava los avances en paridad de género en el Poder Judicial, especialmente para mujeres juezas que enfrentan doble jornada laboral.
«Nuevamente hacemos un llamado a las fuerzas económico-comerciales-políticas internacionales para proponer en conjunto otras alternativas pacíficas y de diálogo para llevar a cabo una verdadera reforma (y no una destrucción) que permita continuar el progreso democrático y económico de nuestra gran nación».
«Del mismo modo, en beneficio de nuestro gran país hacemos un llamado a las y los diputados, las y los senadores y la primera mujer presidenta de nuestro país, que haya reforma para mejorar, reflexiva, verdaderamente dialogada, pero no para destruir la independencia judicial a través del voto de las personas juzgadoras», concluyeron.
