Álvaro Aragón Ayala
Diputados de Morena del Congreso Local podrían ir a la cárcel por desacato al amparo federal que ya causó ejecutoría y que los inhabilitó para levantar consultas universitarias y que declaró inconstitucional la injerencia del Poder Legislativo en la elaboración, unilateral, sin la participación del Consejo Universitario, en la elaboración de cualquier proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Después del 30 de septiembre, una vez que termine su periódico, mas de 20 legisladores, ya sin fuero, estarán a un tris de ir a parar a la prisión por violar la Ley de Amparo, incurrir en abuso de autoridad y en uso indebido de recursos usados para la consulta no pedida por los universitarios y cuyo ejercicio se salió del marco Constitucional y atentó contra la Ley General de Educación Superior y la autonomía de la UAS.
Los diputados que ya se van y que deberán responder por “pasarse por el arco del triunfo” el amparo y por los atropellos a la Universidad, son Feliciano Castro Meléndrez, hasta hoy presidente de la Junta de Coordinación Política y presidente de la bancada de Morena, Manuel Luque, Sergio Mario Arredondo Salas, Adolfo Beltrán Corrales, Gloria Himelda Félix Niebla, y otros más que quedarán desempleados una vez que termine la LXIV Legislatura.
En respuesta a la promoción de un incidente de daños y perjuicios de los abogados de la UAS, el Juez Federal que conoce del amparo federal que protege a la institución contra los actos fuera de la ley de los integrantes del Congreso, les notificó a los diputados de Morena que el miércoles, sin excusa ni pretexto, deberán acudir ante el Juzgado de Distrito para que informen si están dando o no cumplimiento al amparo federal.
El juez federal decretó que los diputados del Congreso Local carecen de atribuciones para realizar consultas y para promover, elaborar o dar curso a iniciativas de reformas a la Ley Orgánica de la UAS que no provengan del seno, del interior de la UAS. Los legisladores violaron, pues, el amparo, destinando dinero público para la realización de una consulta legislativa con la cual intentan dar “soporte” a la modificación del estatuto universitario.
Con la acumulación de pruebas -documentos oficiales del Congreso Local, declaraciones de los diputados, videos del ejercicio de la consulta, etcétera, el Juez Federal podría determinar dar vista o solicitar a la Fiscalía General de la República que abra una carpeta, un procedimiento punible, contra los legisladores por violar en repetidas ocasiones el amparo federal, abusar de su autoridad y de sus funciones legislativas y por aplicar más de 4 millones en una consulta no apegada a derecho.
La ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe buscarse, incluso de oficio, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, para el efecto de mantener la respetabilidad de los fallos del Poder Judicial de la Federación y la pureza de la Constitución. Para preservar ese orden público, es necesario que el procedimiento de ejecución y cumplimiento sea perentorio, urgente y drástico, tal y como lo señala la Ley de Amparo.
