Una jueza federal dictó una nueva suspensión contra la reforma judicial con la que se busca impedir que la Cámara de Senadores emita la convocatoria para comenzar la elección de jueces y magistrados federales, mientras que a la Judicatura se le prohíbe la entrega de la lista de vacantes en juzgados de Distrito y tribunales de Circuito.
Además, la orden provisional dictada por la Jueza Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, Andrea Génesis Alarcón Cortés, también impide la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial y la remoción de una decena de jueces y magistrados federales que presentaron el juicio de amparo que impugna la entrada en vigor de la reforma judicial.
A diferencia de otras suspensiones que se han dictado contra la reforma judicial, las cuales pretendían impedir la discusión y aprobación de la misma, el juicio de amparo con expediente 989/2024 impugna la publicación del decreto que marca su entrada en vigor a partir del pasado domingo 15 de septiembre.
Así uno de los actos impugnados es “la iniciativa, promulgación y publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 20245, así como su régimen transitorio, específicamente los transitorios segundo, séptimo y décimo primero”.
Aún cuando la nueva suspensión provisional es muy amplia y contempla más de 10 actos de autoridad atribuidos a la Cámara de Senadores, a la Secretaría de Gobernación y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no incluye al Instituto Nacional Electoral (INE).
Hasta el momento, ninguna de las suspensiones que se han emitido en contra de la reforma judicial ha sido acatada por las autoridades supuestamente impedidas,, desde la Cámara de Diputado, hasta el INE, pasado por el Senado de la República, los 32 Congresos de los Estados, el director del Diario Oficial de la Federación y el Presidente de la República.
Freno a Judicatura, Senado, Hacienda…
La nueva suspensión contra la reforma judicial señala que la misma no se podrá aplicar a los magistrados y jueces federales que la promovieron, ni tampoco al grupo de magistrados en retiro que se sumó a la promoción.
También indica que el Senado de la República no debe emitir la convocatoria para la integración de las listas ni determinar los cargos o vacantes a elegir, derivado de las renuncias y retiros programados o existentes.
Tampoco podrá llevar a cabo la insaculación pública “para completar la mitad de los juzgadores federales a elegir en el proceso electoral extraordinario del 2025”.
Por lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal, se le ordena no entregar la lista completa de los jueces y magistrados federales en funciones ni la materia o el lugar en el que laboran (Circuitos judiciales). En otras palabras, se le ordena no entregar ningún tipo de información a la Cámara de Senadores.
Juzgadores, salarios y prestaciones, intocables
Además, se advierte que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional podrá remover de sus funciones y/o de sus cargos públicos a las personas juzgadoras, con lo que se busca blindar a los jueces y magistrados federales de juicios políticos, desafueros o sanciones del propio Consejo de la Judicatura.
También se busca impedir la selección de los magistrados que van a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial y a los nuevos integrantes del Órgano de Administración Judicial, el cual suplirá a la Judicatura.
Por lo anterior, se solicita al Consejo de la Judicatura que siga operando con normalidad y que no afecte los salarios y prestaciones de los quejosos.
En este marco, se advierte que ninguna autoridad puede suprimir, reducir, retener o cancelar las pensiones complementarias de los juzgadores en retiro o pensionados, ni de sus personas beneficiarias, es decir, de sus familiares o viudas.
Incluso, se mandata no extinguir los fondos y fideicomisos del Poder Judicial Federal.
Orden contra descalificaciones
En una clara alusión a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su continuación por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no atacar, hacer escarnio, difamar, humillar o vejar a los jueces y magistrados federales que solicitaron la protección de su homóloga federal.
La audiencia para confirmar o revocar la suspensión está programada para el próximo 4 de octubre.
Ante las suspensiones que se han ido acumulando contra la reforma judicial, el constitucionalista Raúl Andrade ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ejercer la atracción de todos estos casos para que los resuelva en definitiva.
