Andrea Meraz
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió nueve notificaciones para suspender la organización del proceso electoral judicial.
Las notificaciones están fechadas desde finales de septiembre, al menos cuatro días después de que el órgano electoral iniciara oficialmente con el proceso, hasta el momento el Instituto no se ha pronunciado a pesar de que en ellas se solicita una atención entre 24 y 48 horas después de recibido la instrucción.
También en algunos documentos se puntualiza que, de no suspender la organización electoral, podrían imponerse multas, destituciones, o inhabilitaciones e incluso prisión.
“A las autoridades responsables que les permitan a los quejosos manifestarse de manera pacífica en la exigencia de sus derechos, sin que sean víctimas de presiones y o amenazas de descuentos; conclusión de nombramientos; acciones de cese en los diversos cargos; inicio de procedimientos disciplinarios; procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penal; lo cual se hace extensivo a toda aquella autoridad que tenga la intención o la pretensión de llevar a cabo este tipo de acciones, como puede ser la Procuraduría Fiscal de la Federación”.
En el transcurso de este viernes el Partido Acción Nacional y Morena presentaron recursos ante el órgano electoral con distintas peticiones.
Mientras que el PAN urgió al INE acatar lo que autoridades jurisdiccionales y se les informe a los integrantes del Consejo General del Instituto sobre las notificaciones, Morena presentó un escrito a la consejera presidente, Guadalupe Taddei, ante la indebida injerencia del blanquiazul.
“Le solicito que por su conducto se haga un exhorto a todos los representantes de los partidos políticos ante el INE, refriendo el contenido normativo aquí citado, para que en dicho carácter no ejerzan una presión indebida en el INE sobre la organización del proceso electoral judicial y respeten la normatividad constitucional vigente y, con ello, permitir que el órgano electoral cumpla con su función constitucional de manera imparcial y sin presiones externas, garantizando así la integridad y transparencia del proceso electoral judicial”.
