Álvaro Aragón Ayala
Las conspiraciones de los gobiernos estatales de Morena para tomar por asalto las Universidades Públicas Autónomas de Educación Superior van escalando en el país tomando características alarmantes, rayando en el manejo de las instituciones del Estado para amedrentar, judicializar y meter a la cárcel a los directivos de las instituciones de educación que se opongan a los proyectos de colonización morenista.
Ante los ataques a su autonomía y la intentona de Rubén Rocha Moya por dominar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, la comunidad universitaria decretó el paro de labores. El gobernador de Sinaloa decidió operar toda la estructura del Estado para “acorralar” y presionar a los directivos uaseños para que le cedan el control total de la Casa Rosalina bajo el argumento de su “democratización” y usa como “carne de cañón” a un grupúsculo de estudiantes, revelando una voracidad y perversidad sin límites.
Bien. Para que los planes de asalto a las Universidades funcionen primero se tienen que crear Leyes Estatal de Educación Superior que les permitan el acceso a los activistas de Morena al interior de las instituciones. El segundo paso es reformar sus leyes orgánicas o estatutos internos para empoderar el voto de los estudiantes por encima del de los académicos, investigadores y personal administrativo en la elección de sus autoridades.
En el Estado de México, la iniciativa para reformar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de esa entidad fue presentada por la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que contaba con la mayoría en el Congreso local. La propuesta al final no prosperó, pero el gobierno de Morena proyecta plantar nuevas iniciativas.
En la Universidad Autónoma de Colima, con una mayoría de Morena en el Congreso, la iniciativa fue presentada por el coordinador del grupo parlamentario de Morena y finalmente fue desechada. En la Universidad de Sonora, un estado con mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso, se sometió a revisión la Ley Orgánica 4. La iniciativa fue presentada por grupos organizados de la universidad y fue arropada por Morena. No se concretó.
Los ataques a la autonomía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur iniciaron con una iniciativa presentada por un alumno y un profesor jubilado con el respaldo de la fracción parlamentaria de Morena, mayoritaria en ese Congreso. Tampoco logró su propósito. En la Universidad Autónoma de Querétaro, con mayoría panista en el Congreso, la propuesta de modificar la ley orgánica fue presentada por una diputada de Morena. No prosperó.
En el caso del Colegio de Veracruz – un estado con un gobernador de Morena y un Congreso mayoritariamente de ese mismo partido-la iniciativa fue enviada al Congreso por el propio gobernador. Sí se concretó y perdió su autonomía. La Universidad Autónoma de Occidente (en Sinaloa), perdió su incipiente autonomía a tomar el Congreso Local dominado por Morena el control total de la reforma a su Ley Orgánica. La UAdeO entró en un proceso de desmadre.
Un caso bochornoso fue la del gobernador de Puebla ya fallecido, el morenista Miguel Barbosa, quien fue señalado por el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de emprender una persecución política contra las autoridades de esa institución y de haber auspiciado la toma de la Universidad.
Aunque el terreno en donde se dirime principalmente la lucha por la autonomía universitaria son los Congresos Locales, el gobernador de Sinaloa lo trasladó al Poder Judicial. Inventó demandas penales contra los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa para intentar meterlos a la cárcel y ejerce sobre ellos una intensa presión periodística pagando millonarias sumas de dinero para que se les acuse públicamente de corrupción.
Debido al fracaso de la Ley Estatal de Educación Superior de Sinaloa, decretada por el Poder Judicial de la Federación inaplicable a la UAS por inconstitucional, y la oposición de las autoridades rosalinas a la nueva Ley Orgánica, el mandatario estatal tomó la determinación de atacar a la institución y sus directivos usando falsos alumnos uaseños y obligó todos los morenistas con cargos públicos a firmar un desplegado en contra de la UAS y del paro que se realiza en defensa de la autonomía y la dignidad universitaria.
