Cecilia Higuera Albarrán
La Iglesia Católica de México aboga por la vida y rechaza el aborto que tan sólo en la ciudad de México ha permitido la muerte de más de 270 mil seres humanos en los últimos 17 años.
Advierte que antes de aprobarse la despenalización del aborto en cualquier etapa del embarazo traería, debe considerarse que ello, violaría el principio de proporcionalidad y la protección progresiva del derecho a la vida, además de que se incrementa el riesgo de muerte materna, por un mayor riesgo de complicaciones físicas.
La jerarquía católica de nuestro país calificó de preocupante que en días pasados en el Congreso de la Ciudad de México, diputados de casi todos los partidos políticos firmaron una iniciativa de ley presentada, para destipificar el delito de aborto.
A través de su editorial “Apelamos a los legisladores de la Ciudad de México a que revisen las implicaciones de la reforma planteada y rechacen una violación en materia de humanismo”, publicado en el semanario Desde la Fe se recordó que en la ciudad capital del país se despenalizó el aborto, si ocurre antes de las 12 semanas de gestación “lo cual ha traído como consecuencia la muerte de 277 mil seres humanos desde el 2007 a la fecha, tan solo en los servicios públicos de la ciudad, sin contar los centros privados”.
Los riesgos
En la publicación se subrayó que con la reforma legal que se pretende impulsar desde el Congreso de la Ciudad de México, para poder abortar en cualquier etapa del embarazo, obliga a analizar antes cinco aspectos relacionados con el derecho a la vida de los no nacidos, los riesgos de muerte en la madre, principalmente en las que están en mayor vulnerabilidad.
En este sentido, resalta que la despenalización del aborto hasta el nacimiento violaría el principio de proporcionalidad y la protección progresiva del derecho a la vida.
Ello, establecido en la Constitución mexicana y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, ignoraría el deber del Estado de proteger la vida del nasciturus en etapas avanzadas de gestación.
Segundo, las mujeres en situación de vulnerabilidad económica y pobreza serían las más afectadas, enfrentando mayores riesgos de coerción, violencia y exclusión de políticas públicas que aborden sus necesidades reales, como el acceso a servicios de salud de calidad y apoyo económico.
Tercero. Los abortos tardíos presentan un mayor riesgo de complicaciones físicas (como hemorragias y perforaciones uterinas) y psicológicas (trastornos de ansiedad y depresión). Estudios indican que los abortos realizados después de las 20 semanas aumentan drásticamente la mortalidad materna.
Cuarto. México, como firmante de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación de proteger la vida desde su concepción. La despenalización total iría en contra de estos compromisos y de los estándares internacionales de derechos humanos.
Quinto. Despenalizar el aborto hasta el nacimiento, contravendría los principios bioéticos de no maleficencia y justicia, ignorando la capacidad neurológica avanzada del feto en etapas tardías para sentir dolor, lo que le otorga derechos éticos que requieren protección especial.
Al resaltar que existen muchas razones jurídicas, científicas y éticas para no aprobar dicha reforma, al tiempo de cuestionar: ¿qué impulsaría a una reforma de este tipo?, a lo que sostuvo, que es una ideología que se desapega de la razón, la ciencia y los derechos humanos, la cual busca satisfacer sólo una visión de la vida.
Ante tal panorama, la Iglesia Católica externó su deseo de que los legisladores locales de la Ciudad de México revisen con seriedad las implicaciones de la reforma planteada y rechacen una violación tan seria en materia de humanismo.
