Álvaro Aragón Ayala
Quienes entienden las lecturas políticas, pueden, con justa precisión, establecer que en Sinaloa las fuerzas vivas de la sociedad comenzaron a “brincarse” al gobernador Rubén Rocha Moya para plantear sus demandas directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a los miembros del gabinete federal.
Aunque algunos dirigentes de sectores, por civilidad, no la mandan al demonio y si se reúnen con la “apagafuegos”, “gobernadora” o “cancerbera”, como burlescamente llaman a la diputada María Teresa Guerra Ochoa, quien se asume como la “abrepuertas” del gobierno rochista, lo cierto es que no esperan nada del gobierno de la 4T de Sinaloa.
La todóloga, especialista en destrucción masiva (todo lo que toca lo demuele), se reunió en días pasados con representantes de las distintas cámaras empresariales de Culiacán y Mazatlán para atender las “inquietudes” de los distintos sectores productivos y escuchar propuestas para mejorar la seguridad pública ¿cómo la ve?
Tere Guerra, con la botarga de especialista en seguridad pública, lanzó, en sendas reuniones, discursos mafufos, y acuñó la expresión “debemos mantener la convicción de que somos más las personas que construimos paz, y que no nos deben secuestrar el optimismo ni robar la tranquilidad”. Y fue todo. Tan tan.
Sin embargo, tanto los directivos de agrupaciones que fueron a los encuentros “de seguridad”, de las asociaciones de hoteles, Canirac, Canaco, Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, CMIC, Canacintra, desarrolladoras inmobiliarias, organizaciones de transportistas y de pescadores de altamar, tocan puertas en la Ciudad de México, en donde sí esperan respuesta a sus demandas.
Igual sucede con la CAADES y las Asociaciones de Agricultores, con la Liga de Comunidades Agrarias, y otras organizaciones campesinas y de pescadores de bahía, que comenzaron su peregrinar a la CDMEX en busca de Claudia Sheinbaum y los funcionarios de la secretaría de agricultura, pesca, y de la Segob, para plantearles los problemas locales y dar rutas de solución.
También se trasladó a la Ciudad de México una comitiva de la sociedad civil para revelar, allá, porque en Sinaloa no los atienden, la situación que enfrentan las y los sinaloenses ante la pugna de dos grupos del crimen organizado en la entidad y demandar medidas urgentes para evitar un colapso económico e impedir que la ola criminal continúe escalando.
Quienes fueron a alzar su voz a la capital del país son Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa; Laura Guzmán Torróntegui, vicepresidenta de la zona norte de Canirac nacional, así como Óscar Loza Ochoa, fundador e integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa.
“Tenemos en puerta una Emergencia Social por el daño causado a las trabajadoras y trabajadores; a las juventudes; a las y los pequeños y medianos empresarios, a comerciantes; a docentes y a familias, principalmente, las más vulnerables. En resumen: peligra el tejido social que debería sostener nuestras comunidades.”, expuso Calderón Quevedo.
Las medidas exigidas son:
-Declaratoria de emergencia económica, que comprenda:
* Programa exprés de créditos blandos para pymes, sin requisitos de buró de crédito.
* Suspensión de pago de impuestos, como ISR e ISN; pagaderos a 6 meses, para empresas y negocios afectados.
* Analizar la viabilidad de descuentos y prórrogas de pago de energía eléctrica y agua potable. Ante esta grave crisis de seguridad, dar instrucciones inmediatas a fin de no realizar cortes de ambos servicios al sector productivo.
-Prioridad en acciones de desarme de la delincuencia organizada.
-Efectiva reparación del daño a víctimas de los diversos delitos cometidos en este periodo.
-La pronta y expedita depuración y puesta en marcha de la Policía Municipal de Culiacán.
-Que los operativos policiales y de fuerzas federales sean efectivos para recobrar la tranquilidad de la ciudadanía y la reactivación de las actividades sociales, comerciales, culturales, recreativas y deportivas.
-Aliviar el miedo que tiene semiparalizada la ciudad de Culiacán con información objetiva, útil y oportuna, complementada con una estrategia de salud pública dirigida al bienestar socioemocional de la población.
La comitiva de sinaloense expuso la compleja situación que se vive causada por la violencia en el centro y sur del estado, desde los 200 homicidios dolosos, 260 desapariciones forzadas y 200 familias desplazadas en el sur de la entidad, hasta los mil 500 negocios con horarios recortados, los 180 establecimientos cerrados definitivamente y la pérdida de casi 2 mil empleos formales en septiembre.
“El tema económico no aguanta más”, expresó Guzmán Torróntegui, “porque no tenemos el circulante necesario para poder afrontar los compromisos con empleados, con la banca y, sobre todo, con instituciones fiscales.
“Tenemos hambre de resolver el tema económico porque, si no, va a desatar una violencia civil mucho más contundente”.
Además de las acciones inmediatas para evitar el colapso, la comitiva también exigió al Gobierno de México que convoque a un debate serio y profesional con el fin de definir las políticas públicas encaminadas a la reducción del crimen organizado a su mínima expresión y construir la paz duradera.
“Queremos un gobierno que escuche, que dialogue y que comprenda que la verdadera transformación de nuestra sociedad depende de su capacidad de trabajar de la mano con los ciudadanos”, expuso Calderón Quevedo.
Loza Ochoa expresó que los problemas sociales causados por el crimen organizado merecen atención a las causas, como define el Gobierno de México, sin embargo, se tiene que trabajar de manera más profunda, no sólo con becas.
“No va a ser con policías y concebir el problema como policías, ladrones o el Ejército contra la gente mala como vamos a resolver el problema. Eso nos puede ayudar y nos puede ayudar como nos está ayudando actualmente. Pero faltan otras cosas en las cual hay que involucrarnos también, incluida la sociedad civil”, dijo.
