Sinaloa una de las entidad con más casos de violencia obstétrica

El documento expone que casi 72% de la población femenina con vida reproductiva en México ha estado expuesta a sufrir un evento de éstos.

Por: Ana Langner

El Estado de México es la entidad federativa con más quejas ante las comisiones de derechos humanos locales por violencia obstétrica, con 48 casos, reportó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La no gubernamental presentó el primer informe en México que describe la situación actual con respecto al fenómeno de la violencia obstétrica. Según los registros recogidos del 1 de enero del 2014 al 30 de junio del año en curso, Oaxaca se ubica en la segunda posición, con 20 casos; Durango presentó 14, y Puebla y Sinaloa 10 cada uno.

“El acceso a los servicios de salud ha sido la apuesta de un gran número de países, como México, que busca reducir la mortalidad materna; sin embargo, hay muchas mujeres que siguen sin tener acceso a estos servicios, ya sea porque viven alejadas de las instituciones o por desconfianza, pero incluso entre aquellas que viven cerca y tienen el acceso, ocurren experiencias aterradoras”, considera Regina Tamés, directora del GIRE

Si en México siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha tenido al menos un hijo vivo, significa que casi 72% de la población femenina con vida reproductiva ha requerido atención médica durante el embarazo, parto y puerperio, y por ese solo hecho ha estado expuesta a sufrir un evento de violencia obstétrica.

Por ello, abordar el problema con un enfoque de derechos humanos es la vía para lograr que las víctimas accedan a una reparación integral de las violaciones de las que son sujetas.

Es así que para esta agrupación resulta necesario que mujeres y personal de salud conozcan el tema para exigir al Estado los cambios estructurales en el sistema de salud para que esta violencia se detenga.

“El enfoque para resolver el problema no debe ser médico, se trata de justicia social, para que las mujeres y sus familias puedan exigir al Estado, que ha vulnerado sus derechos humanos”, concluye Tamés.

Fuente: El Economista

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