En pocos días cuatro casos relacionados con graves violaciones a derechos humanos volvieron a ponerse en la palestra por diferentes razones. Son los asuntos que se han convertido en los casos emblemáticos del sexenio, en un país como el nuestro atravesado por una profunda crisis en materia de derechos humanos. Los cuatro casos son muestra de lo que puede suceder cuando las autoridades policiacas y militares se conducen sin protocolos cuando del uso de la fuerza se trata, o bien, cuando actúan no bajo el ordenamiento legal que les da existencia, sino bajo el ordenamiento o colusión de la propia estructura criminal, como sucedió con los estudiantes en Iguala.
Los casos Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya y Ayotzinapa vuelven a ser motivo de atención gracias a un informe de la CNDH, a una votación en el INAI, al informe sobre Ayotzinapa y a la terna de hombres para la Suprema Corte que cada vez más parece de dos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos llega tarde y cautelosa pero, finalmente, llega a un caso que ha merecido importantes investigaciones periodísticas como las de Laura Castellanos, informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras voces como la del Alto Comisionado de la ONU, en su reciente visita a México, que han alertado sobre lo ocurrido la noche de Reyes de este año, cuando fuerzas federales persiguieron y abatieron a varias personas relacionadas con las autodefensas –habían ocupado por días el palacio municipal exigiendo el pago a sus servicios y no ser desarmadas por el entonces comisionado Alfredo Castillo–, mismas que en la refriega habían tomado como armas de defensa ramas de limonero. Los testimonios conocidos y la reconstrucción de los hechos muestran un modus operandi similar al ocurrido en Tanhuato –caso que fue sujeto de valoración por el INAI esta semana en el tema de acceso a la información.
Se trata de actuaciones policiacas y/o militares cuyo propósito no es la detención y, en su caso, procesamiento de civiles bajo los protocolos necesarios, sino la utilización de las fuerzas del Estado con propósitos de exterminio. En el caso Apatzingán, falta saber si las personas acribilladas estaban o no asociadas a los Viagra, si eran o no autodefensas “legítimas”, si eran o no base social del crimen organizado, como llegó a decir el párroco de la ciudad. Más allá del papel de estas personas y lo que estaban haciendo en el lugar de los hechos, lo que reviste mayor importancia es la conducta de agentes del Estado que en lugar de proceder como la circunstancia obligaba, procedieron con violencia extrema y quitaron la vida a ciudadanos que ya no ofrecían resistencia.
Para el caso Tanhuato se abre una rendija para conocer más sobre la matanza de 43 personas que apunta también a ejecuciones extrajudiciales. El INAI votó a favor de levantar la reserva que por 12 años había impuesto la Policía Federal para no informar acerca de esos sucesos. Hoy deberá hacer una versión pública sobre cómo es que ocurrieron casi medio centenar de decesos.
Hoy 27 de noviembre se cumple un año de que Enrique Peña Nieto anunciara 10 medidas para la seguridad y la justicia. Una acción gubernamental tomada bajo la intensa presión generada por el caso Ayotzinapa. A 12 meses de presentadas las medidas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia presentó el estudio sobre su cumplimiento y eficacia y concluye que de las 10 sólo una medida ha sido cumplida y dos más, sólo de manera parcial.
Tlatlaya fue el gran fantasma durante la comparecencia del actual procurador general de Justicia del Estado de México ante el Senado de la República. Integrante de la terna de hombres que propuso Peña Nieto para la Corte, Alejandro Jaime Gómez Sánchez reúne dos características que lo deberían hacer inviable para el máximo tribunal. Primero, su cercanía con el presidente Peña Nieto es importante, fue consejero jurídico de Peña cuando éste fue gobernador del Estado de México y lo ha sido también con Peña Nieto como Presidente.
En segundo lugar, fue el funcionario responsable de presentar la información falsa sobre cómo fueron las cosas en esa bodega de Tlatlaya donde quedaron acribilladas y muertas 22 personas. Como procurador afirmó que lo sucedido en la bodega de esa localidad fue producto de un enfrentamiento con el Ejército y no –como ahora se sabe– de la acción criminal de quienes estaban obligados a detener y no a abatir a quienes ya se encontraban rendidos.
Fuente: zocalo.com.mx
