La Procuraduría busca declarar inconstitucional un decreto del gobierno de Sinaloa; va contra el Sistema Anticorrupción, considera
Jesús Bustamante
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Decreto 768, publicado el pasado 19 de agosto por el gobierno de Sinaloa, que encabeza Mario López Valdez (Malova).
De acuerdo con la Procuraduría, el Decreto 768 permitiría que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado que actualmente se encuentran en funciones puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
En tanto, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez negó que esté buscando protección del Tribunal al haber ordenado la publicación del decreto.
En un comunicado, la Procuraduría explicó que el decreto, mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa de Sinaloa, viola lo establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción.
El decreto, contraviene “la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los magistrados en funciones exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados”, indicó la Procuraduría.
Además, el Congreso de Sinaloa transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicas, ya que los sistemas de anticorrupción locales “no pueden ser creados a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales, ya que ese proceder indefectiblemente genera incertidumbre jurídica”, consideró la instancia.
RECHAZA VIOLENTAR LA LEGISLACIÓN
El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, aseguró que ordenó la publicación del Decreto 768, aprobado por el Congreso del estado en 2013, por temor de que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado pudieran quedarse de manera permanente.
“La ratificación (de los magistrados) tendría que ser por el Congreso (no por el gobernador), y ya no por esta Legislatura, sino por la siguiente”, argumentó.
En el mismo sentido se expresó el exdiputado local Luis Antonio Cárdenas Fonseca, impulsor de esta iniciativa, aclarando que durante la LX Legislatura se pretendía que el gobernador ya no decidiera la terna de quiénes serían los magistrados, dejando esa obligación al Congreso del estado.
Además, la iniciativa fue presentada e incluso aprobada antes de que existiera el Sistema Nacional Anticorrupción por lo que “no puede haber una contradicción en algo que se dio en un tiempo y con motivación totalmente diferente, para consecuencias totalmente diferentes”, expresó.
Sin embargo, Imelda Castro, diputada del PRD de la actual legislatura local, consideró inapropiado que el gobernador “desempolvara” un decreto que debió haber publicado hace tres años.
Publicado en Excelsior
