Laura Gómez
La gran apuesta de la reforma laboral recién aprobada por el Congreso es la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y el gran riesgo sería el colapso de la justicia laboral, advirtió la presidenta del organismo, Darlene Rojas Olvera, por lo que hizo un llamado a enmendar el camino de esta modificación, que no sólo es contradictoria, sino ajena a los intereses reales de los trabajadores.
Durante su cuarto informe de labores afirmó que “no podemos ni debemos ser rehenes de intereses de otros países por aliados que sean, como sucedió con esta reforma, que obedece a los intereses económicos de nuestro vecino del norte, y a los compromisos impuestos por la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica”.
Agregó que la falta de una visión integral de la problemática en materia de justicia laboral provocará que las soluciones que se pretenden con esta «reforma de apariencia”, donde pasan las Juntas a Tribunales, adscritas al poder Judicial, no atienden el fondo del asunto, porque el cambio de nombre al espacio en donde se imparte justicia no resuelve nada. Detalló que se requiere un nuevo modelo de justicia laboral que incorpore, entre otros puntos, la oralidad como un vínculo de acercamiento, el criterio de conciencia de la interpretación de la prueba y de equidad en la resolución, así como la inclusión de notificaciones electrónicas.
Ante el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, legisladores y diputados constituyentes, como Miguel Ángel Velázquez, Rojas Olvera destacó que de nuevo los trabajadores quedan como meros espectadores de las componendas dentro de los centros de trabajo, con la creación de un ente nacional que, en el mejor de los casos, tendrá el control de las relaciones colectivas, postergando un verdadero cambio para que sean las personas quienes decidan las condiciones en que realizarán sus labores.
La justicia laboral, afirmó, no puede permitir esto, porque “regresaríamos al sistema colonial con la consigna de «obedézcase pero no se cumpla”, porque los cambios en la ley sólo serían en la letra de no existir un verdadero interés en invertir recursos.
La importancia, por ello, de que legisladores federales consideren el verdadero escenario de la impartición de la justicia laboral y su eficacia, y la modificación de la norma secundaria que deberán regular el nuevo modelo. Llamó a los diputados constituyentes de la Ciudad de México considerar un modelo de avanzada en el país con la incorporación de tribunales laborales autónomos e imparciales dentro del poder judicial de la capital.
A la Asamblea Legislativa le solicitó que en el momento de formular la norma secundaria, sean garantes en la protección y defensa de los derechos de las personas, que trabajan hoy en día en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues su experiencia y vocación no deben ser desaprovechadas.
Consideró urgente alejarse del debate mediático, que ha ubicado a las Juntas de Conciliación como las transgresoras del orden laboral, cuando “estamos más allá de eso y buscamos consolidar un pacto por la justicia laboral, donde debe aprovecharse los 90 años de experiencia de esta junta, que ha demostrado que si existen formas de ofrecer una justicia transparente, imparcial y accesible”.
Mencionó que a pesar de su precario presupuesto, ha logrado avances importantes en la conciliación, con un total de 12 mil 700 que dieron por terminado el mismo número de juicios terminados y que representan el 33 por ciento de los asuntos resueltos, y se logró un incremento de los desistimientos de emplazamientos a huelga y demandas de titularidad en un poco más de 37 por ciento.
Publicado en La Jornada
