Patricia Briseño
Mujeres electas en las urnas como autoridades municipales fueron destituidas 24 horas después de asumir sus respectivos cargos y empezado a vivir varios tipos de violencia, como agresiones verbales, campañas de difamación, desprestigio, intimidación y agresiones físicas.
En el municipio de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, apenas el 1 de enero tomó protesta como alcaldesa; sin embargo, un grupo de habitantes le impidió ingresar al palacio municipal, al tiempo de amenazarla de muerte.
Asimismo a Yareli Cariño López, síndica de Pinotepa Nacional, sus compañeros de cabildo le impidieron despachar en la alcaldía sin ningún argumento legal, aunque ella presume que fue por rechazar insinuaciones sexuales del diputado de la región, Tomás Basaldú Gutiérrez.
Por ambos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno del estado emitir medidas cautelares que garanticen la seguridad e integridad de ambas perredistas.
A su vez, la Defensoría de los Derechos del Pueblo del Oaxaca le da seguimiento a cinco casos similares, ocurridos en los municipios regidos por el sistema de usos y costumbres.
En entrevista vía telefónica, la edil de San Pedro Atoyac resumió la campaña de persecución encabezada por Gabriel Guzmán Miguel, síndico municipal, además del silencio omiso del resto del cabildo.
“Las amenazas no acaban, ahora incluyen a mi familia quienes son molestados por afines al síndico. Tengo miedo pues, portan armas de fuego”.
Por otra parte, el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres presentó la historia de Elisa Zepeda, nueva alcaldesa de Eloxochitlán de Flores Magón, quien al promover los derechos de las mujeres a la participación política en su comunidad, en diciembre de 2014 fue brutalmente golpeada por un grupo y perseguida hasta su casa, la cual fue quemada juntos con sus bienes, su hermano también fue asesinado el mismo día.
Publicado en Excelsior
