Jorge Monroy
La activista y exdiputada federal Rosi Orozco negó haber influido para que el PRI en la Cámara de Diputados frenara las reformas a la Ley General contra la Trata de Personas, así como lucrar políticamente con las víctimas y hacer acuerdos con gobiernos estatales para recibir recursos públicos. “Es increíble que me concedan tanto poder”, ironizó.
Entrevistada por El Economista, manifestó estar en contra de la minuta del Senado por tres razones: porque permite la liberación de tratantes; disminuye los derechos de las víctimas, y por considerar que los medios comisivos son innecearios.
Rosi Orozco negó hacer acuerdos con gobiernos estatales, mediante la fundación que preside, Unidos contra la Trata. “Yo no he recibido dinero del gobierno. Nunca he bajado dinero, de ningún programa para ninguna organización, ni la mía”, aseguró.
Cuestionada sobre la acusación que lanzó la presidenta de la Comisión contra la Trata en el Senado, Adriana Dávila (PAN), en el sentido de que pretende mantener la ley vigente en perjuicio de las víctimas y beneficio de los tratantes, la activista social afirmó: “¿Cómo te defiendes sin fuero? Se puede difamar con fuero y es muy difícil defenderte”.
Orozco dijo estar en contra del bien tutelado contemplado en la reforma al artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como de los medios comisivos establecidos en el artículo 10.
Mencionó que en América Latina ocho países, incluido México, no tienen en sus legislaciones los medios comisivos y consideró que éstos son innecesarios, a pesar de que organismos internacionales y el Departamento de Estados Unidos han sugerido a nuestro país la armonización.
La activista social también dijo estar en contra de la reforma al artículo 7, porque el tiempo de reflexión que se impone a los jueces permitiría la liberación de los tratantes de personas.
Aseguró que la ley vigente sí ha permitido el procesamiento de líderes de organizaciones delictivas dedicadas a la trata y argumentó que, del 2009 a la fecha, las procuradurías de los estados han emitido 637 sentencias, de las cuales 446 han sido condenatorias.
Respecto a que los dueños y proxenetas de centros nocturnos donde se ejerce la trata no están detenidos, Rosi Orozco afirmó: “No coincido y te consigo los nombres de los dueños”; sin embargo, reconoció que los propietarios de centros nocturnos son defendidos por “los despachos de los exprocuradores, usando sus influencias dentro de las procuradurías”.
Finalmente, la exdiputada federal consideró que toda ley es perfectible y abundó que toda reforma debe tener como su principal objetivo la protección a las víctimas.
Publicado en El Econimista
