Emir Olivares Alonso
El Estado mexicano debe realizar una investigación exhaustiva e independiente en torno a las denuncias sobre supuesto espionaje ilegal a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, entre ellos integrantes de un organismo internacional, en la que habrían incurrido dependencias de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Así lo expresó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual también manifestó su preocupación ante estos señalamientos contra la administración federal mexicana.
La Relatoría dijo contar con información de que se han dado 97 intentos de infección a través del malware del programa de espionaje Pegasus –que la empresa islraelí NSO Group sólo comercializa con gobiernos— en perjuicio de 19 personas, entre ellas los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola; Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; y al menos un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
“Al momento de los ataques denunciados, las víctimas investigaban e informaban sobre hechos de marcado interés público y/o desarrollaban acciones de defensa de graves violaciones a los derechos humanos”, remarcó la Relatoría.
Esta tarde, esta instancia de la CIDH dio a conocer un posicionamiento sobre el tema en el que recordó que durante la audiencia sobre Justicia e Impunidad en México, celebrada el jueves 6 de julio de 2017 en el 163 periodo de sesiones de la Comisión, “las organizaciones de derechos humanos participantes expresaron su alarma por las denuncias de espionaje a personas críticas al gobierno mexicano. Estimaron además que “la Procuraduría General de la República (PGR) ‘no puede garantizar una investigación imparcial y autónoma’, dado que su agencia de investigación criminal es una de las entidades que habría adquirido el referido malware.
“En tal sentido, afirmaron que ‘la única ruta posible hacia la justicia es por medio de la conformación de un panel internacional de expertas y expertos’. Igualmente, durante la audiencia sobre Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México, también celebrada en el 163 período de sesiones, el Centro Prodh denunció los intentos de espionaje en contra de miembros de esa organización”.
La Relatoría subrayó que durante esas audiencias, los representantes del gobierno mexicano informaron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR inició una investigación por esos hechos y que los denunciantes han sido invitados a rendir declaraciones y otros elementos necesarios para adelantar la investigación.
“Asimismo, se dijo que la Feadle ha propuesto establecer una colaboración con agencias nacionales e internacionales para fortalecer cualquier investigación y determinar, de ser el caso, las responsabilidades correspondientes’”.
La instancia de la CIDH remarcó que “el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional y selectivo, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo.
“La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizadas contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación tanto por motivos políticos, como para conocer sus fuentes de información”.
Por ello, instó a las autoridades mexicanas a garantizar una investigación exhaustiva e independiente al respecto y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables.
“La Relatoría Especial llama al Estado a investigar la posible vinculación de entidades estatales en estos hechos y, con ese fin, disponer de todos mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación, en consulta con la sociedad civil y los afectados”.
Agregó que corresponde al Estado garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública sobre programas de vigilancia o espionaje, su alcance y los controles existentes, la cual incluye la información sobre su marco regulatorio, los contratos para la adquisición de estos programas, los protocolos y procedimientos de autorización, de selección de objetivos y de manejo de datos, así como información sobre el uso y control de estas técnicas.
“Bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que difundan información sobre este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores. Esta obligación debe ser satisfecha sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia y a privacidad de quienes habrían sido afectados o sufrido intentos de afectación por este tipo de programas”, finalizó.
Publicado en La Jornada
