Héctor Molina
Este miércoles entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) en la que se estipulan sanciones para aquellas entidades públicas que nieguen información a la Auditoría Superior de la Federación.
Una de las estipulaciones que se modificaron con la entrada en vigor de la Ley General es la facultad de los Órganos Internos de Control para sancionar las faltas administrativas graves.
Con la antigua ley las instancias de control al interior de cada dependencia del gobierno federal eran las encargadas de sancionar a los servidores públicos, con la nueva ley esta atribución fue delegada al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Algunas de las conductas graves plasmadas en la nueva ley son la recepción por parte de cualquier servidor público de remuneración alguna por su trabajo aledaña a aquella que reciba por los servicios prestados.
Además de esto, se establece como grave el “desvío de recursos públicos” que sea autorizado por parte de cualquier servidor, entre otras sanciones más.
Esta ley de responsabilidades administrativas dispone por primera vez sanciones y obligaciones hacia privados que tengan relaciones comerciales con el gobierno en cualquiera de sus niveles (federal, estatal o municipal), en caso que se les vincule con faltas administrativas graves.
Órganos autónomos, obligados a la transparencia
De acuerdo a la Ley General de Transparencia aprobada en el 2015, los órganos autónomos del país tendrán la obligación de poner a disposición de la ciudadanía los acuerdos a los que se llegue al interior de dichas instituciones.
En especial aquellos órganos autónomos dedicados a la protección de los Derechos Humanos a nivel nacional y de las entidades, así como el Instituto Nacional de Acceso a la Información deberán de transparentar las sesiones que tengan sus plenos mediante la emisión de versiones estenográficas de las discusiones, además de llevar un control de las minutas establecidas para cada sesión.
Publicado en El Economista
