Víctor Ballinas
Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, aseveró en el Senado, al participar en la mesa Derechos de la Niñez y las Políticas Públicas, que en 2013 ocho mil niñas y adolescentes de 10 a 14 años tuvieron un hijo y la proyección para el 2025, es que casi 75 mil adolescentes y niñas de estas edades tendrán un hijo.
Sin embargo, precisó el funcionario, si se suma a esa cifra, las edades de mujeres entre los 17 y 18 años, los embarazos sumaron en total 460 mil, por año, entre 2014 y 2016.
Resaltó que en 2014, 53.9 por ciento de menores vivían en condiciones de pobreza y las proyecciones para el 2025 es que esta ascenderá a casi el 70 por ciento. De igual forma refirió que en 2015, el 7.5 por ciento de menores trabajaba y se estima que para 2025 representarán el 6.3 por ciento.
Los indicadores señalan olvido del gobierno hacia esta población y que se ubica en una desventaja sistemática: sólo el 17 por ciento de la población de 0 a 17 años no tiene vulnerabilidad o carencias, 2.5 millones de menores de 5 a 17 años trabajan; de una población de 40 millones de menores y adolescentes, só0lo 25 millones están protegidos por la seguridad social; hay en el país 1.5 millones de menores desnutridos y falta cobertura pata una población de 7.3 millones de infantes y niños en educación inicial.
Bucio destacó que aunque hay 6 mil 751 programas dedicados a los niños y adolescentes en la federación, estados y municipios, sin embargo esos programa son tienen relación con el entorno, es decir, el programa de pisos, no atiende el hacinamiento, ni la violencia, muchos menos la justicia o adicciones.
Puso como ejemplo el municipio del Mezquital, en Durango, que de acuerdo con los operadores ese municipio en los últimos 20 años ha recibido los mayores recursos para imaginación y pobreza, pero se han ido a un hoyo negro, porque cada institución o programa hace sus acciones sin “una mirada para los menores y adolescentes”.
Es decir, explicó, llega un programa social, como piso firme, “y si el operador ve a un niño con discapacidad que no va a la escuela, no pasa nada, porque él pone piso firme; cuando ven a una menor embarazada, tampoco pasa nada, porque dicen que no les toca a ellos, ese tema”.
Incluso, el programa Prospera “no tiene fuerza suficiente para modificar el entorno en el que viven los menores, aunque tenga muchos componentes”.
Por su parte, Dora Giusti, jefa d e Protección de la infancia de UNICEF, manifestó que el próximo mes en el país se pondrá en marcha un programa para la prevención de la violencia enfocado a los niños y adolescentes, en el que participarán 24 instituciones públicas, 20 organizaciones civiles, el sector privado y medios de comunicación, “México, será uno de ellos países pioneros que va a acelera sus accione sen esta materia”.
Publicado en La Jornada
