Ana Langner
Más de 80% de las medidas cautelares que se han impuesto a personas imputadas en procesos penales federales con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSJPA) son la prisión preventiva o la presentación periódica ante la autoridad.
De acuerdo con información de la Unidad de Consolidación del NSJPA del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a partir de la implementación de la primera etapa del sistema penal, del 24 de noviembre del 2014 y hasta el 15 de junio del año en curso, había 22,888 personas imputadas por 17,911 causas penales que han ingresado a los 38 Centros de Justicia Penal Federal (CJPF).
Es de especificar que el 1 de julio del año en curso entró en funciones un segundo Centro de Justicia Penal en el Estado de México (Altiplano) en el municipio de Almoloya de Juárez.
Los CJPF han impuesto un total de 8,484 medidas cautelares a individuos bajo proceso, de los cuales en 3,665 de los casos (43.2%), ha sido la prisión preventiva y 3,471 (40.9%) la presentación periódica.
Del total restante, 15.6% se divide entre la prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad en la cual reside (10.2%); sometimiento al cuidado de una autoridad (0.5%); prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas (0.3%); suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral (0.2%); prohibición de asistir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares (0.2%) y resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga (0.1 por ciento).
Es de puntualizar que, de acuerdo con lo normado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, quien podrá imponer una o más según resulte adecuado al caso.
Asimismo, se especifica que en el caso de la prisión preventiva, ésta no podrá combinarse con otras salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas.
Prisión preventiva y estados
Estadísticas de la Unidad de Consolidación del NSJPA del CJF muestran que, del 24 de noviembre del 2014 al 15 de junio del 2017, de las 22,888 personas imputadas fue solicitada la prisión preventiva en 5,120 casos y concedidas en 3,665 ocasiones.
En 13 de 37 CJPF, los jueces han concedido menos de 60% de las solicitudes de prisión preventiva que ha presentado el Ministerio Público. Los jueces que han entregado en menor proporción son los adscritos a los centros de Tlaxcala (23.3%), Nayarit (25%) y Morelos (38.9 por ciento).
En tanto, en 24 de estos Centros la concesión de las peticiones del MP es de 60% o más. Los togados que fallan más a favor de esta media son los anexos a los CJPF de Coahuila (99.3%); Reclusorio Sur en la Ciudad de México (96.7%); Campeche (94.4%); Reclusorio Norte en Ciudad de México (92%) y San Luis Potosí (90.9 por ciento).
En relación de los delitos de las causas penales, a la fecha persiste la tendencia de que ocho de cada 10 sean por portación de armas de fuego y otros previstos en el Código Penal Federal (CPF) y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; contra la salud previstos en el CPF y en la Ley General de Salud y robo de hidrocarburos y otros previstos en la materia.
Se han judicializado únicamente 44 causas penales por delincuencia organizada en el NSJP. Son 218 las personas imputadas en estas causas, de las cuales 189 son hombres y 29 mujeres.
Cabe recordar que en junio del 2016, el consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza expresaba que con el nuevo sistema de justicia penal, basado en la presunción de inocencia, prácticamente se terminaba la prisión preventiva y oficiosa.
Por su parte, María Novoa, del CIDAC, ha destacado que no existe ninguna evidencia tanto a nivel internacional como nacional que demuestre la efectividad de la prisión preventiva para disminuir la inseguridad o reducir la incidencia delictiva.
Publicado en El Economista
