De las oficinas de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional surgió la idea hace una docena de años. Un experimento natural de la tecnocracia, mezcla de ingeniería financiera y especulación propia de los mercados de valores, los bonos catastróficos han sido presentados por el gobierno federal como el antídoto perfecto para atenuar las tragedias causadas por terremotos y huracanes en México.
Pero no es exactamente así. Su diseño, que incluye la creación de empresas públicas de papel en paraísos fiscales como las islas Caymán, ha sido tan limitado y deficiente que el gobierno mexicano ha pagado en 12 años decenas de millones de dólares más de lo que ha recibido.
Una investigación realizada durante varios meses por Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como la revista Proceso, muestra que este es un mal negocio para el país y que podría ser aún peor. Aquí explicamos por qué.
Los cinco semblantes que aparecen a cuadro en la televisión dan cuenta de la gravedad. El presidente Enrique Peña Nieto ha recibido los informes preliminares de los daños provocados por el terremoto que sacudió al país a las 13:14, ha convocado al Comité Nacional de Emergencias y ha activado de inmediato el Plan MX.
La situación es muy delicada. Los reportes de daños y destrucción proliferan. Internet está inundado con videos que muestran el momento preciso en que casas, edificios y escuelas se colapsan. La Ciudad de México ha sido golpeada exactamente 32 años después del sismo del 19 de septiembre de 1985. Morelos, en particular Jojutla, vive sus peores días.
Ríos de capitalinos deambulan por las calles y se montan sobre los escombros para tratar de rescatar a quienes han quedado sepultados. En las colonias Lindavista, Villa Coapa, Condesa, Portales, Roma, Narvarte, Centro, los latigazos de la memoria avivan el dolor.
Flanqueado por los secretarios de la Defensa, Marina y Gobernación, así como por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Peña Nieto dirige un mensaje a la Nación. Ya han pasado varias horas desde que el terremoto de magnitud 7.1 se produjo. Buena parte de la ciudad se encuentra sin energía eléctrica. “Esta tarde hubo un fuerte terremoto que causó severos daños en entidades del centro y sur del país. Este desastre se da a menos de dos semanas de otro gran sismo que afectó a Chiapas y Oaxaca”.
El presidente casi no gesticula. Anuncia que la prioridad es rescatar a quienes aún se encuentran atrapados. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se halla a su derecha. El presidente habla con respeto de quienes han muerto, expresa sus condolencias, pide que la gente no salga de su casa en la medida de lo posible y reconoce: “Este sismo es una dura prueba, y muy dolorosa, para nuestro país”.
Aún no lo sabe, pero la destrucción será de una magnitud impensada. Reconstruir al país costará 48 mil millones de pesos, una cifra monstruosa aun en dólares: 2 mil 600 millones de dólares. Difícilmente habrá recursos para recuperar las 180 mil viviendas destruidas, los 13 mil negocios afectados, las 16 mil escuelas dañadas, los 12 mil inmuebles del patrimonio cultural mexicano golpeados por el terremoto.
No hay ningún atisbo de sonrisa. Porque la tragedia ha desnudado incluso el optimismo oficial del presidente Peña Nieto y su secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien unos días antes hablaba con orgullo de su afortunada decisión de lanzar un producto estrella de la tecnocracia: los bonos catastróficos.
“Este bono catastrófico nos ayuda en eventos extremos como éste”, había dicho Meade apenas el 12 de septiembre en entrevista televisiva, al referirse a otro sismo, el del 7 de septiembre que afectó a Oaxaca y Chiapas. “Nos permite enfrentar la contingencia con salud de finanzas públicas, pero sobre todo con agilidad y con mecanismos para que pronto se sienta el apoyo, el aliento y la cercanía desde la emergencia hasta la reconstrucción”.
Sólo que la dimensión de la nueva destrucción eclipsaba por completo el logro presumido por el entonces secretario de Hacienda: en esta ocasión, como en varias otras anteriores, México no cobraría ni un peso del bono catastrófico por dos razones:
Porque el contrato firmado por la Secretaría de Hacienda establecía que sólo se recibiría dinero en caso de que el sismo tuviera una magnitud de 7.5.
Y porque, aunque hubiese tenido esa u otra magnitud mayor, los inversionistas no pagan dos veces. Y el terremoto ocurrido 12 días antes sí cubría los requisitos. Y por ese sí pagarían, pero no soltarían ni un dólar por el segundo terremoto de septiembre de 2017.
Contrariamente al optimismo oficial, los bonos catastróficos o catbonds, como se les conoce en inglés y en el mundo de inversionistas internacionales, no han sido el mejor negocio para el país.
Los bonos catastróficos, en realidad, no han aliviado a México en casi ninguno de sus desastres naturales desde que se contrató el primero en 2006, de acuerdo con documentos obtenidos como parte de la investigación Paradise Papers, así como la revisión de cientos de páginas de documentos confidenciales y entrevistas con funcionarios cercanos a las negociaciones.
Las cuentas, hasta este momento desconocidas por la opinión pública, arrojan números rojos. El gobierno mexicano ha pagado al menos 277 millones de dólares en primas y cuotas y, en cambio, ha recibido 200 millones de dólares.
Lejos de ayudar a aliviar las catástrofes, se han quitado recursos al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), cuya razón de ser es atender precisamente las necesidades de reconstrucción luego de que ocurren las tormentas, huracanes, inundaciones y terremotos. Esta falta de lógica ya ha sido alertada al gobierno federal por la Auditoría Superior de la Federación, pero la Secretaría de Hacienda no le hizo ningún caso.
Una apuesta contra la naturaleza
Un bono de riesgo catastrófico es, en palabras sencillas, una apuesta contra la naturaleza. Una en la que participa en este caso el gobierno emisor, por un lado, y un grupo de inversionistas globales, por el otro.
Los gobiernos mexicanos han cruzado apuestas en torno a la intensidad de los terremotos y huracanes que azoten al país en los años de vigencia del bono. Durante varios años lo hicieron a través de una empresa de papel llamada CatMex que ha operado desde el paraíso fiscal de las islas Caymán.
El esquema funciona así: la Secretaría de Hacienda hace, a través de un intermediario financiero y con la asesoría del Banco Mundial, una oferta privada de bonos catastróficos. Los inversionistas extranjeros interesados “aseguran” los papeles emitidos por México.
Si en el tiempo que esté vigente el bono el país no sufre un terremoto de magnitud superior a 7 o 7.9 (dependiendo de su ubicación), México no recibe nada y, además, pagará a los inversionistas una prima de millones de dólares extraídos de los recursos del Fonden. No importa qué tan destruidas queden las ciudades, como ocurrió el 19 de septiembre con la capital y Jojutla, por ejemplo.
Con los huracanes sucede algo similar: los inversionistas ganan millones de dólares cuando éstos son de categorías menores a 4 o 5. Cualquier otro fenómeno natural de este tipo que se ubique por debajo de esos parámetros, sin importar los destrozos ocasionados a comunidades ni el número de muertos, merma las finanzas públicas.
A diferencia de un seguro, en el que se paga una prima periódica y un deducible y, a cambio, el patrimonio asegurado es reparado sin importar qué tan graves o leves sean los daños, el bono catastrófico mexicano es uno de los pocos en el mundo que no toma en cuenta la destrucción ocasionada por el fenómeno.
El modelo utilizado para lanzar los bonos –el “paramétrico” en lugar del de daños– ha tenido consecuencias negativas para el país: el dinero recuperado por México (200 millones de dólares) nunca ha superado los pagos hechos a inversionistas e intermediarios (277 millones de dólares) a lo largo de 12 años, de acuerdo con documentos del gobierno federal obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información Pública para esta investigación.
México, de hecho, sólo ha cobrado en dos ocasiones el bono. Además, cuando el huracán Patricia, la tormenta más poderosa que se haya registrado en el hemisferio Occidental, afectó el territorio nacional, se recuperó únicamente la mitad del pago establecido.
Y todo porque las reaseguradoras e inversionistas se aferraron a las mediciones reportadas por un cazahuracanes aficionado llamado Josh Morgerman.
Odile, Patricia y el caza huracanes
Baja California Sur sufrió el 14 de septiembre de 2014 la intensidad de Odile, el huracán “más devastador” que haya tocado tierra en ese lugar. Las ráfagas de vientos doblaron postes de luz y palmeras, hicieron volar puertas y derrumbaron estructuras enteras. El techo del aeropuerto voló por completo, dejando una de las terminales en ruinas. Dieciocho personas murieron y los daños se estimaron en mil 22 millones de dólares.
El día previo a que Odile tocara tierra, Morgerman había volado a Cabo San Lucas y dispuesto su equipo para su encuentro con el huracán: dos videocámaras, un iPad, un celular, un cargador, una laptop y dos Krestel 4500s –celulares adaptados como barómetros para medir la presión atmosférica a medida que el ojo del huracán pasara–. Se colgó uno de los Krestel en el cuello y dejó el otro en el baño de su habitación. Las lecturas de la presión atmosférica del ojo del huracán (medidas en milibares) son indicadores importantes de la fuerza de la tormenta: entre más baja sea la lectura, más poderoso es el huracán.
El bono catastrófico que cubría los eventos de ese 2014 había sido lanzado dos años antes por el entonces titular de la Secretaría de Hacienda en el último tramo del gobierno del panista Felipe Calderón: José Antonio Meade Kuribreña, el hoy candidato del PRI a la Presidencia de la República.
El diseño del bono preveía que México recibiría 100 millones de dólares si la presión del huracán era de 920 o menos milibares, cantidad que se reduciría a la mitad si la presión era menor a 932 milibares.
Las autoridades de Hacienda y los inversionistas calcularon que México recibiría 50 millones de dólares por el impacto de Odile, dado que un reporte inicial del Centro Nacional de Huracanes de EU había calculado la presión en 930 milibares.
El centro tardó tres meses en emitir su reporte final, pero hubo una sorpresa: basado en los reportes del caza huracanes, situó la presión en 941 milibares, lo que dejaba a la tormenta fuera de los parámetros técnicos del bono catastrófico.
México no recibió ni un dólar
Las autoridades mexicanas estaban incrédulas. “Cuando sucedió el evento, muchos estábamos contentos pensando que habría un 100 por ciento del pago. ¿Y luego qué paso? ¡No hubo pago!”, comentó en entrevista Salvador Pérez Maldonado, el funcionario a cargo del bono en ese momento. Pérez buscó a Morgerman para preguntarle qué había pasado, qué método había usado, sus criterios. “Al final fue algo arbitrario”.
No estaba solo en su percepción. Robert Muir-Wood, doctor en ciencias naturales y experto en riesgo catastrófico, publicó en julio de 2017 un texto en el que critica el modelo usado por el gobierno mexicano para emitir los bonos. Al estar basado en parámetros y no en los daños que causa un desastre natural, se expone a que la información generada por un caza huracanes inexperto determine si cobra o no el pago debido.
“Que las mediciones de un amateur puedan determinar el desenlace de un pago de 100 millones de dólares en un bono catastrófico mexicano conlleva nuevos riesgos”, escribió Muir-Wood. “¿Qué pasa si el mismo caza huracanes es, a la vez, un inversionista del bono?”.
El mismo Morgerman aseguró no estar enterado de que su información se utilizara para definir si un país recibe el pago o no de un bono de ese tipo.
“Es ridículo [que el pago del bono] se base solo en la presión del huracán. Hay mucha fetichización en torno a la presión. Ésta no dice mucho acerca del potencial destructivo de un huracán”, comentó Morgerman a un equipo del Programa de Periodismo de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Columbia, en Nueva York, quienes compartieron con los periodistas mexicanos buena parte de la información de este segmento.
Un año después de Odile, cuando el huracán Patricia se acercaba a las costas de Colima y Jalisco, se repitió la historia.
El Centro Nacional de Huracanes de EU emitió una alerta el 23 de octubre de 2015: la tormenta alcanzó la categoría 5, registra vientos sostenidos de 325 km/h y es “el huracán más poderoso registrado” tanto en el Pacífico como en el Atlántico norte, con posibles efectos “catastróficos” cuando toque tierra en la costa Oeste de México esta tarde.
Las autoridades mexicanas se declararon entonces en máxima alerta. “Ningún huracán de esta magnitud había impactado el Pacífico mexicano”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Enrique Peña Nieto.
La Secretaría de Gobernación también tomó medidas: advirtió que un huracán de esa magnitud era capaz “de levantar automóviles, destruir casas que no estén cimentadas con acero, varilla y cemento y arrastrar a personas en las calles”.
En Jalisco las autoridades trasladaron a unas 50 mil personas de las zonas en riesgo y habilitaron un refugio temporal.
Por fortuna, Patricia se estrelló primero contra las montañas, lo que redujo significativamente su intensidad y el Centro Nacional de Huracanes tomó de nuevo en cuenta las mediciones de Morgerman ‒el caza huracanes se hallaba en un hotel de Emiliano Zapata, un pequeño pueblo cerca de la costa del Pacífico‒ y degradó la presión del huracán en su reporte final.
Así que de los 100 millones de dólares que se esperaban obtener, el pago se redujo a 50 millones de dólares.
El modelo paramétrico diseñado por la Secretaría Hacienda había jugado en contra del país una vez más.
Una mínima dosis de “suerte”
La política a veces funciona como una ruleta. Algunos funcionarios repiten en el cargo y otros salen despedidos hacia el olvido. José Antonio Meade es de los primeros. En septiembre de 2016 regresó a la titularidad de la Secretaría de Hacienda luego de ocupar otros cargos en el gabinete presidencial, pero ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Así que el demoledor sismo de 8.2 grados que se originó a 150 kilómetros de las costas de Chiapas a las 11:50 de la noche del 7 de septiembre de 2017 lo tomó en funciones. El terremoto de mayor magnitud en los últimos 100 años de la historia de México había sacudido al menos a 50 millones de personas y los efectos de su devastadora potencia estarían por verse en las horas siguientes.
No serían menores en Oaxaca, Chiapas y dos estados más: 130 personas murieron y más de 85 mil hogares fueron afectados. El presidente Peña Nieto decretó día de luto nacional.
Apenas un mes antes de este desastre, Meade se había hecho cargo de la operación para emitir un nuevo bono catastrófico, ahora para el periodo 2017-2020. Pero desatendió las recomendaciones del Cenapred y de la Auditoría Superior de la Federación: lanzó un bono basado en parámetros, para lo cual cubrió casi 68 millones de dólares en primas.
Por “suerte”, la magnitud de gran escala del terremoto “disparó” el pago del bono. México, por primera vez en 12 años, obtuvo los recursos completos amparados por la cobertura: 150 millones de dólares.
Esa cantidad no resarciría, por supuesto, todos los destrozos. Eran días difíciles, pero luego vendrían otros peores con el terremoto de magnitud 7.1 que golpeó severamente a la Ciudad de México y a varias poblaciones de Morelos y Puebla.
El bono catastrófico mostró una vez más las limitaciones de su diseño: los inversionistas no pagarían ni un solo peso por el segundo terremoto porque está estipulado que sólo se cubre un evento catastrófico en el periodo de vigencia.
Si luego se hubiesen producido otros terremotos o el territorio hubiese sido azotado por huracanes, no habría habido ni una moneda más. Ni una moneda más.
Epílogo
Las autoridades de la Secretaría de Hacienda emitieron en febrero de este año, otra vez de la mano del Banco Mundial, y en conjunto con Perú, Chile y Colombia (países que conforman la Alianza del Pacífico), un nuevo bono catastrófico para cubrir terremotos de fuerte magnitud.
Se trata, informó el Banco Mundial en un comunicado, de “la mayor operación de cobertura de riesgo soberano y la segunda mayor emisión en la historia del mercado de bonos catastróficos”.
Éste también es un bono paramétrico. Y ya conocemos la historia alrededor de él.
(Extracto del reportaje publicado en Animal político con el título “La catástrofe de los bonos catastróficos con los que el gobierno ha perdido dinero del Fonden”)
