Blanca Juárez
“Seguro social”. Manuela Hernández Sosa, repite la palabra que acaba de escuchar. “No, nunca me han ofrecido eso. No sé si yo pueda tener”, responde mientras continúa su faena. Desde que comenzó a trabajar en la limpieza de casas, a los 16 años, los gastos por enfermedades, parto y riesgos de trabajo han corrido por su cuenta. Ahora tiene 24 y es madre de una pequeña de cuatro años.
La Ley Federal del Trabajo “discrimina” a quienes se dedican a ese oficio, coinciden empleadoras, activistas y académicas. Según esa norma, la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depende totalmente de si empleador quiere otorgarles ese beneficio. Dice también que sus jornadas laborales pueden durar 12 horas.
Sin embargo, el que no esté reglamentado, “no nos exime de la responsabilidad que tenemos al contratarlas”, apunta Marcela Azuela, coordinadora de la organización Hogar Justo Hogar. Esta agrupación está formada por empleadores que buscan cambiar las leyes “para que esas trabajadoras tengan todos sus derechos, como cualquier otro trabajador”.
La seguridad social “es una deuda que tiene el Estado con este sector de los trabajadores”, apunta en entrevista para Factor Capital Humano, Marcelina Bautista, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. “Si empleadores y autoridades se pueden ocupar de las cosas que les interesa, es porque hay alguien limpiando sus casas”.
La informalidad … de las autoridades
En 2017, en México había 2 millones 480 mil 466 personas trabajadoras del hogar, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La gran mayoría eran mujeres, 90 de cada 100, de acuerdo con ese organismo. El 76.5 por ciento de ellas gana uno (88,36 pesos diarios) o dos salario mínimos. Tres de cada 10 empleadas tenían menos de 18 años cuando empezaron a trabajar, como Manuela.
Su trabajo es considerado informal porque no están afiliadas al IMSS. Pero hay una manera de que las incluyan al mercado formal. En 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio 189 en el que se establecen los derechos para quienes trabajan en los hogares. México forma parte de la OIT y votó a favor de la aprobación del convenio pero no lo ha ratificado.
El Ejecutivo federal debe enviar la solicitud de ratificación al Senado, que a su vez tiene que aprobarlo. Una vez ratificado el convenio, los legisladores pueden comenzar las modificaciones a las leyes del IMSS y del trabajo, para que, entre otras cosas, tengan seguridad social. Pero no lo han hecho.
Miembros del Senado de todos los partidos han enviado decenas de peticiones al gobierno para que le envíe la solicitud de ratificación del Convenio 189. Al final, ha optado por solicitarle sólo el informe del análisis que, se supone, está realizando.
Por el momento, la única opción que existe para que las trabajadores domésticas tengan parte de la cobertura que otorga la seguridad social es que los empleadores, de manera voluntaria, aseguren a las trabajadoras. Con el resto de los asalariados el Estado da una cuota, la parte patronal, otra, y los trabajadores la tercera.
Cuestión de derechos
Manuela empezó a trabajar a los 16 años. Llegó de Tetela de Ocampo, Puebla, una localidad que en 2017 tenía un alto grado de rezago social, 31 por ciento de su población estaba en pobreza extrema, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Una tía, que también se dedica al trabajo en el hogar, le consiguió el empleo.
“Llegué con miedo, porque no conocía a las personas. Tenía quedarme en esa casa extraña”, recuerda. Trabajaba de planta, es decir, vivía en ese lugar de lunes a sábado. “Ganaba mil pesos a la semana. Primero era mucho dinero para mí, pero pasaron dos años y ya no me alcanzaba”.
Ahora tiene 24 años y una pequeña de cuatro. La pequeña Jimena nació por cesárea. “No tuve ningún problema en el embarazo, pero el doctor me dijo que era mejor así”. El parto le costó 10 mil pesos, más consultas de 200 pesos cada 15 días por cuatro meses y los medicamentos.
En los ocho años que lleva en el oficio, ningún empleador le ha ofrecido tener seguridad social. Y cuando se enferma, ella asume los gastos. “Pero la mayoría de los patrones han sido muy buenos conmigo”, justifica.
“El asunto de la seguridad social no es de buenos y malos, de personas que quieren ayudar a quienes más necesitan. Son derechos y punto. Es nuestra obligación como parte patronal. No es una cuestión de asistencia social”, enfatiza Marcela Azuela.
El laberinto de la afiliación
Subdelegación del IMSS número 10, (Lugar en CDMX). En una de las ventanillas de atención una empleada informa: “para el trámite que usted quiere, tiene que ir a la ventanilla 4. Ahí le dirán todo lo que tiene que hacer para afiliar a la trabajadora doméstica”.
Si Marcelina Bautista la oyera, le diría: “la dignidad de nuestro trabajo comienza desde cómo se nos nombra. No somos domésticas, eso es ofensivo. Reivindicamos que nos llamen trabajadoras del hogar”.
Turno 2222 para la ventanilla 4, la de Seguros Especiales. La página de Internet del instituto dice que el trámite puede realizarse en línea o presencial. Por eso estamos aquí. Una voz sale de la pantalla en la sala de espera: “turno dos mil doscientos veintidós, pase a ventanilla 4”.
La mujer escucha la petición de iniciar un trámite para afiliar a una trabajadora del hogar. “Doméstica”, corrige. “¿Ya tiene su tarjeta patronal?”. No. En la página no dice nada eso. “¿Ya trae su Fiel (Firma Electrónica Avanzada) de Hacienda?”. Tampoco, no se especifica eso.
Extiende un pedazo de papel con información y dice: “bueno, de cualquier forma, la gestión se hace en la ventanilla 5”, o sea, la de al lado. “El pago es anual, pagará 9, 312.66 pesos. ¿Reembolso si ella deja de trabajar con usted? ¡No, aquí no hacemos eso!”.
Turno 159 para la ventanilla 5, la de Alta patronal, inscripciones, SRT, reanudaciones. La fila avanza más rápido de lo que podría temerse. “¿Alta para trabajadoras del hogar? Domésticas, quiere decir, ¿no? No, eso no se hace aquí. A ver, permítame”.
Se va y le pregunta a una compañera, parece su supervisora. Hablan y fruncen el ceño. La mujer vuelve a su lugar. “No, mire, ese trámite ya nada más es por Internet. Ah, ¿en la página dice que aquí? No, pero no. Aquí no lo estamos haciendo”.
En la página también menciona como uno de los requisitos un cuestionario médico, que proporciona el IMSS. “No sé cuál cuestionario. No, eso es en la página. Entra usted el escritorio y donde dice ‘Patrones o empresas’, ahí le pica. Junte todos estos requisitos y ya comienza”, sugiere al señalar el pedazo de papel.
En esa hoja aclara las restricciones del seguro a contratar. El primer año las trabajadoras tendrán atención médica y farmacéutica en la clínica. Si la aseguran un segundo año ya tendrá a derecho a cirugías y hospitalización. Si lo renuevan para un tercero podrá gozar de los servicios de especialidades.
El contrato otorga servicio médico para ella y sus familiares directos: padres, esposo e hijos. Además, puede comenzar a cotizar por una pensión por vejez con un salario mínimo. Pero no tienen derecho al servicio de guarderías.
Volver a empezar
“He corrido con la suerte de que mi hija le caiga bien a los patrones, y me dejan llevarla”, dice Manuela mientras le da fruta a Jimena. Aun así, cada vez que irá a una de las dos casas en las que trabaja pregunta si puede llevarla, no importa que la vez anterior hayan aceptado.
Marcela Azuela, de Hogar Justo Hogar, enfatiza que la seguridad social no sólo significa que exista acceso a los servicios de salud. “Muchas son madres y necesitan una guardería, atención médica para sus hijos, vivienda. Y cuando se retiren, necesitarán una pensión”.
Solo una de cada 10 empleadas del hogar vive en casa propia, de acuerdo con el estudio Condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Azuela, y Marcelina Bautista, en representación del sindicato de trabajadoras, y otras activistas, se han reunido varias veces con funcionarios del IMSS, de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Relaciones Exteriores (SRE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como con senadores.
En ninguna de esas dependencias federales “hay alguien que lidere el tema, que se vea que le interesa en particular, al menos”, cuenta Bautista. “Cada vez que nos reunimos es volver a empezar, a explicarles. No se molestan ni por ver los antecedentes”.
En 2015, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a enviar al Senado ese convenio. El pasado 19 de juni, Roberto Campa Cifrián, titular de la STPS, declaró que aún es posible ratificarlo este año.
El 13 de julio pasado, Factor Capital Humano preguntó subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Fernando Alfredo Maldonado Hernández, durante la ExpoEmpleo OCCMundial 2018, cuáles pasos concretos había tomado la secretaría al respecto.
El funcionario señaló: “estoy convencido que más adelante se van a incluir en la formalidad” con el resto de la población económicamente activa informal. “De tal suerte que este sector se va a ver privilegiado en la incorporación en los próximos años”.
Más seguridad, menos rotación de personal
“El pretexto que ponen las autoridades es que costaría mucho formalizar a más de 2.4 millones de trabajadoras”, señala Marcelina Bautista. Nadie parece saber cuánto le costaría al erario público incorporar a las trabajadoras del hogar al sector formal. El Instituto Belisario Domínguez, un instituto de investigación que depende del Senado, está trabajando en un estudio que debe dar una idea concreta de qué monto estaríamos hablando.
Marta Cebollada, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y autora del libro Hacer visible lo Invisible, donde aborda la situación de las trabajadoras del hogar, señala que el gobierno federal presume de su programa de formalización con más 2.5 millones de beneficiados durante este sexenio, “..y el IMSS no se ha hundido”, reprocha.
La académica, quien tiene aseguradas a dos trabajadoras que trabajan con ella, afirma que otorgarles ese derecho reduce la rotación laboral: “Quienes tenemos prestaciones nos pensamos dos veces en dejar un trabajo”.
Publicado en El Economista
