La diputada del Partido Sinaloense, Angélica Díaz de Cuén propuso en el pleno del Congreso, impulsar la difusión de la cultura cívica para la prevención de conflictos vecinales y comunales, la corresponsabilidad de las personas en la conservación del entorno social, el respeto a las libertades y derechos de los otros, la prevalencia del diálogo para la resolución de los conflictos, el fomento de la participación ciudadana para el fortalecimiento de una vida en democracia, temas propuestos en la iniciativa de Ley de Justicia Cívica del Estado de Sinaloa, misma a la que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, solicitó adherirse a dicha iniciativa por la importancia que representa.
Díaz de Cuén explicó que esta iniciativa propone que los municipios cuenten con tribunales para resolver conflictos vecinales y comunitarios, dividido en tres partes: la primera, analiza detallada y críticamente la regulación sobre la justicia cívica, principalmente su sistema de acceso, garantías, competencias y responsabilidades.
La segunda parte, se atiende la actividad que desarrolla para la solución de conflictos alternativa o complementaria, incluida preferentemente la mediación y la conciliación en la que, aprovechando el ofrecimiento de acciones en los procedimientos de faltas e infracciones, se busca la pacificación vecinal.
Y la tercera, se refiere a la justicia itinerante, con el objeto de cubrir zonas geográficas que estén en lugares apartados de la cabecera de los municipios
Agregó que también se propone la creación del registro de infractores a través de los Comités Municipales de Juzgados Cívicos. Este registro contendrá la información de las personas que hubieran sido sancionadas por la comisión de las infracciones en materia de justicia cívica, el que incluirá, entre otra información, la infracción cometida, la sanción impuesta y su estado de cumplimiento.
«Compañeros Diputados, la justicia cívica tiene un papel fundamental en el mantenimiento del orden y la tranquilidad en una sociedad, pues faculta a las autoridades más cercanas a los ciudadanos, a actuar de manera inmediata, ágil y sin formalismos innecesarios ante los conflictos que se presentan. Es decir, la justicia cívica permite hacer efectivas las reglas mínimas de comportamiento que facilitan las relaciones interpersonales y sociales en una comunidad».
Añadió que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, considera que es momento de impulsar mecanismos que permitan que las autoridades acerquen la justicia a las personas, lo cual debe asumirse como política pública. En cualquier Estado democrático en el que se establezca un discurso a favor de los derechos humanos, necesariamente deberá contar con instituciones encargadas de que cada miembro de la sociedad tenga la potestad para acceder a la justicia.
Por ello, aseveró que los motivos que llevó al PAS, trabajar en este tema es porque se es consciente de que hoy en día los procesos judiciales resultan insuficientes para resolver los conflictos que se presentan. Las sociedades modernas crecieron y en efecto los litigios ante los Tribunales jurisdiccionales y la Fiscalía se multiplicaron, los procedimientos son largos y con ello han crecido los gastos inherentes a los mismos.
