Jessica Xantomila
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) llevó a cabo una licitación para contratar a los despachos que realizarán la mediación con los acreditados, con la finalidad “de erradicar abusos y malas prácticas”, así como de terminar con el “despilfarro” de recursos. Prevé ahorros en el orden de 30 por ciento en los aranceles pagados a estas empresas.
Además, informó que de contar con más de 200 despachos de cobranza, pasó a 19. La licitación se realizó entre mayo y agosto pasado.
Esta mañana, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, presentó un nuevo modelo de cobranza social con el que se busca incentivar “el pago continuo y oportuno de los créditos”, privilegiar la conservación del patrimonio del acreditado y otorgar soluciones accesibles en caso de quedarse sin empleo o que tenga dificultades para pagar.
Detalló que ante el incremento de la cartera vencida durante la última década, las administraciones anteriores adjudicaron de manera directa contratos a despachos sin controles suficientes sobre su trabajo y los pagos que recibían, derivando en un incremento de 328 por ciento en el gasto destinado a estos proveedores en el periodo 2013-2018 (36 mil millones de pesos) con respecto al periodo 2007-2012 (8 mil 400 millones de pesos). Y tan solo en 2018 el gasto en despachos ascendió a 11 mil millones de pesos.
En el proceso de licitación se contó con la participación de 140 proveedores, de los cuales 32 recibieron una dictaminación técnica positiva y 27 recibieron un dictamen económico positivo, arrojando como resultado la adjudicación de 51 contratos a 19 despachos que darán servicios de cobranza en 20 zonas geográficas.
Martínez Velázquez también dio a conocer que 18 despachos que tenían la mayor asignación de cuentas de juicios masivos y “a los que se les había pagado miles de millones de pesos” están siendo investigados.
El subdirector general de Administración y Recursos Humanos del Infonavit, Luis César Priego Valdez, precisó que, por un lado, se eliminó del proceso licitatorio a dos despachos que están siendo investigados por la Auditoría del instituto debido a su participación en el litigio de los juicios masivos; y por el otro, entre las cláusulas de participación de esta licitación se incluyó una de “independencia”, que indica que el monto del contrato no puede superar el 25 por ciento de los ingresos totales de cada participante, es decir, que el fondo no debe ser el único cliente del proveedor o consorcio participante.
Bernardo Altamirano Rodríguez, subdirector de Administración de Cartera del Infonavit, explicó que la cobranza social se activa cuando el trabajador pierde su empleo. Inicia con mecanismos preventivos, llamadas telefónicas e incluye visitas domiciliarias. Indicó que en este proceso se ha puesto énfasis en el modelo de mediación a través de la cual las agencias de soluciones contactarán a los acreditados para ofrecerles alternativas de resolución que en esta administración son seis, cuando en la pasada únicamente eran dos.
El Infonavit administra más de 62 millones de subcuentas de vivienda, equivalente a 1.13 billones de pesos.
Publicado en La Jornada
