En México, una gran cantidad de casos de desaparición no se esclarecen nunca a pesar de que se haya detenido a algunos de los presuntos responsables, en gran parte debido a que no existen leyes de Beneficio por Colaboración Eficaz (BCE) mediante las cuales los imputados puedan contar con algún incentivo para dar la información que tienen sobre el paradero de las víctimas.
Así lo indicaron activistas, abogados y familiares de personas desaparecidas, quienes señalaron que es necesario abrir un debate amplio para discutir la posibilidad de crear una norma de estas características en el país, aunque implique reducir la sentencia de criminales, con tal de que se pueda encontrar a las víctimas de este delito y sus seres queridos obtengan “un poquito de paz”.
-¿Para qué pedir información, si podemos torturar?-
Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, señaló que aunque los beneficios por colaboración existen para los responsables de faltas como delincuencia organizada, en el caso de desaparición forzada o cometida por particulares no hay esa posibilidad, debido a que la Ley General en la materia lo prohíbe expresamente.
Una de las razones de fondo para que las autoridades judiciales no utilicen la negociación con criminales en casos de violaciones graves a los derechos humanos, de acuerdo con el abogado, es que la tortura sigue siendo vista como un método más efectivo para obtener información de diversos tipos, sin considerar que este hecho puede ser utilizado por la defensa de los acusados para obtener después su libertad.
“El sistema penal mexicano no ha sido construido sobre la base de la colaboración eficaz para aprovecharse de la información que la delincuencia tenga, a través de otorgar premios por esos datos, sino en la represión y en la ‘confianza’ de que el Ministerio Público va a obtenerlos a través de la tortura, como vimos en el caso Ayotzinapa. ¿Para qué ofreces beneficios por información, si tienes la posibilidad de torturar?”, lamentó.
Uno de los efectos de esta ausencia de beneficios por delaciones es que “los delincuentes guardan silencio” con respecto a temas como el destino de las víctimas de desaparición, porque si hablan, no sólo no aspiran a ninguna rebaja en su condena, sino que además pueden sumar nuevos cargos en su contra, como secuestro u homicidio, lo que representa un “contraincentivo”, dijo Gutiérrez.
“Por eso nadie ha dicho en dónde están los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos: como no hay beneficios, sigue habiendo un pacto de impunidad. Ha habido 100 personas o más detenidas por este caso, pero han ido saliendo y no hay manera de negociar con ellos ni ofrecerles nada”.
De acuerdo con la más reciente actualización del registro de personas desaparecidas en México, hay 73 mil 201 hombres y mujeres cuyo destino aún se desconoce. En esa base de datos se indica que entre 1964 y junio de 2020 se reportó la desaparición de 177 mil 844 víctimas, de las cuales 104 mil 643 (58.84 por ciento) fueron encontradas. De ese subtotal, 98 mil 242 fueron halladas con vida y 6 mil 401 habían muerto.
-De castigar a dialogar-
Ante dicho escenario, Idheas formuló una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante la cual se adicionaría un Capítulo V al Título III de dicho texto.
El propósito de la iniciativa es abrir la posibilidad de que, quien participe en un acto de desaparición, pueda obtener alguna rebaja en su condena –pero no anularla por completo–, siempre y cuando aporte información que sirva para acusar a otros criminales que tengan un cargo más alto o ayude a que la víctima sea localizada.
La propuesta “se basa en un método simple, en donde el colaborador proporciona pruebas o información (veraz, eficaz y oportuna) importante a favor de la investigación, a cambio de beneficios administrativos, procesales o de la pena, partiendo de la premisa de que a mayor información, mayor será el beneficio”, de acuerdo con la propuesta de Idheas.
De esta herramienta legal quedarían excluidos quienes ocupen o hayan ocupado altos mandos en materia de seguridad pública o de procuración y administración de justicia durante un periodo de tres años previos del ofrecimiento de la información, así como jefes del ejecutivo federal y estatal.
De esta forma, se puede perseguir delitos de alto impacto para la sociedad, como desaparición forzada, trata y secuestro, al conocer su modus operandi, capturar a los autores, obtener pruebas de forma lícita y recuperar bienes, pero sobre todo, allocalizar a las víctimas. Para ello, el proceso penal debe abandonar una “connotación puramente punitiva y tornarse en un espacio privilegiado de diálogo”.
Hasta el momento, dijo Gutiérrez, “hemos tenido reuniones con algunos legisladores, como la senadora Citlalli Hernández (Morena) y hemos hecho algunos foros en el Senado de la República, pero no ha habido realmente una apertura sobre el tema. El llamado es a abrir un debate serio y profundo y que podamos avanzar en este sentido”.
-Ceder algo para recibir más-
El abogado peruano Ronald Gamarra Hernández, quien por más de 20 años se ha dedicado a representar a víctimas de violaciones de derechos humanos en su país, es un promotor convencido de los beneficios que pueden tener las leyes de BCE para resolver casos de desaparición y otros abusos graves que se quedan por años en un impassejudicial.
“Soy un partidario de la promulgación de normas de colaboración que permitan romper el empantanamiento en el que nos encontramos y la incapacidad de la administración de justicia para avanzar más. No siempre se está en la capacidad de avanzar en temas de investigación en delincuencia organizada; para eso se requieren medidas excepcionales y la colaboración eficaz es parte de eso”.
El litigante afirmó que la conveniencia o no de las normas de BCE “está en función de su utilidad. Aquí nadie quiere perdonar a nadie; el asunto es que, como estamos, tampoco vamos a descubrir nada más. Es eso o conceder algún nivel de reducción de pena (a los responsables de la desaparición) para romper el estancamiento de los casos. ¿Eso significa conceder determinados beneficios a violadores de derechos humanos? Sí, nada es gratis”.
Una muestra del éxito de las políticas de delación premiada, dijo, son los casos emblemáticos de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridosen 1991 y 1992, respectivamente, en los cuales integrantes del llamado Grupo Colina –un cuerpo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional del Perú–cometieron actos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.
En dichos episodios, en los que Gamarra fungió como Procurador del Estado peruano, se logró que algunos personajes involucrados compartieran información valiosa, lo cual llevó a que el ex presidente Alberto Fujimori y su ex asesor de seguridad Vladimiro Montesinos fueran sentenciados y encarcelados.
Para el adecuado funcionamiento de esas leyes, recalcó el experto, es fundamental que primero se dialogue con los familiares de las víctimas y se les convenza de que “es más lo que se va a ganar que lo que se va a conceder”, además de contar con una Fiscalía que pueda corroborar la información recibida y un Poder Judicial “que vea las cosas de manera objetiva y analice qué beneficios le podría dar” a quien decida colaborar.
-“Nos está matando no tener la verdad”-
Araceli Salcedo Jiménez, fundadora del colectivo Familias Desaparecidas Orizaba-Córdoba, admitió que aunque el tema es muy controversial, dado que muchas víctimas consideran que con los BCE se “premia” a los delincuentes, a final de cuentas dichas normas podrían ser una herramienta útil para encontrar el paradero de los ausentes, siempre y cuando los datos se confirmen totalmente.
“Después de todo esto que vivimos, lo que queremos ya es verdad: dónde están, dónde los dejaron, qué pasó con ellos y así al menos regresarnos un poquito de paz. A lo mejor no tendremos acceso a la justicia tal cual lo queremos, pero nos está matando día a día el buscar y no tener esa verdad”, dijo la activista, quien busca a su hija Fernanda Rubí Salcedo, desaparecida desde septiembre de 2012.
Araceli no olvida el momento en que logró estar cara a cara con uno de los acusados por la desaparición de su hija y la frustración de que no hubiera forma de convencerlo de decir lo que sabía de su paradero.
“¿Por qué no le ofrecen algo? ¡Cambiarlo de penal, o a lo mejor que le ayuden con su familia, si tiene hijos o madre! Decirle ‘¿qué quieres por darnos tantita paz? Él decía ‘sí sé pero no voy a hablar, nadie me garantiza que aquí adentro no me llegue a pasar algo o que se venguen con mi familia’”, recordó.
Al momento de su desaparición, “mi niña tenía 21 años. Tenía grandes proyectos e ilusiones, una familia que la ama y la extraña, y hoy en día no sé si la privaron hasta de la vida. Quisiera saber si así fue, al menos para que su familia pueda tener un lugar donde irla a visitar, donde llorarle. Ella no merece quedar en un lote baldío, en una fosa clandestina. Mi niña merece estar aquí, donde está su familia”.
Por todo ello, Salcedo consideró que una ley de BCE “serviría de mucho, porque muchas de nosotras estamos desgastadas, enfermas. No vivimos: sobrevivimos. Se nos esta yendo la vida y lo único que queremos es que nos digan dónde están (nuestros seres queridos). Si eso conlleva algún tipo de beneficio (para los responsables), aunque duela, creo que sería algo bueno”.
Publicado en La Jornada
