Carolina Gómez Mena
En el contexto de las elecciones, diversas agrupaciones feministas y de defensa de derechos de las mujeres, anunciaron la creación del “Pacto Feminista por los Derechos Humanos de la Mujeres”, y conminaron a que en la jornada electoral las mujeres salgan a votar para “romper el pacto patriarcal”.
La Red Nacional de Refugios, el Frente Feminista Nacional, Las Constituyentes Mx, Mira-Pensadoras urbanas, Nosotras tenemos otros datos, Red de Género y Medio Ambiente y la Red Nacional de Alertistas, sostuvieron que “para garantizar los derechos humanos de las mujeres, es urgente que las personas electas en este 2021 promuevan la integración de gabinetes paritarios en los puestos de toma de decisiones en los espacios políticos, laborales, sindicales, educativos y financieros”.
Consideron fundamental que se asegure la existencia de “un Estado laico, sin la intromisión de propuestas religiosas que trasgreden los derechos humanos” y que “es urgente la aprobación de presupuestos con perspectiva de género que contribuyan a la promoción de derechos humanos de infancias y mujeres en sus diversidades, pues cualquier acción o programa que no vaya acompañado de un presupuesto es demagogia”.
Sostuvieron que “las violencias contra las mujeres imperan en todo el país, los límites territoriales no detienen los feminicidios, desapariciones forzadas y violaciones a derechos humanos” por lo que es necesario “garantizar un Estado de derecho y el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno”.
Otro aspecto “prioritario” es que las personas que sean electas a cargos estatales y locales como alcaldías y gubernaturas diseñen e implementen políticas públicas con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, teniendo como eje rector el cumplimiento de las leyes estatales de igualdad entre mujeres y hombres, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la instrumentación de mecanismos para evaluar las acciones de gobierno con indicadores para medir el cierre de brechas de desigualdad.
En un pronunciamiento indicaron que “en 2021 las mujeres mexicanas seguimos viviendo en un estado de emergencia nacional que se ha exacerbado con la Covid-19, teniendo en los primeros meses del año más de mil 500 asesinatos de mujeres de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Hicieron notar que “ante la impunidad y el menosprecio que el Estado mexicano ha mostrado a las graves violaciones que vivimos todas las mujeres y niñas, las feministas organizadas creamos un Pacto Feminista por los Derechos Humanos de las Mujeres en el marco del proceso electoral 2020-2021 para romper el pacto patriarcal y construir una sociedad más humana, digna y libre de violencias”.
Llamaron a las mujeres y hombres que resulten electos “priorizar que las agendas se centren en las mujeres y sus diversidades, promoviendo la participación horizontal de las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía y academia”.
Subrayaron que como parte de la política pública para prevenir feminicidios y restituir derechos “les solicitamos (a quienes resulten electos) fortalecer y garantizar la operación de los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencias y, en su caso sus hijas e hijos como son los refugios, casas de emergencia y de transición, recordando que el 40 por ciento de los feminicidios sucedieron en los hogares”, según datos del INEGI.
“También pedimos la instrumentación de políticas alineadas con los convenios internacionales signados por México para abolir la prostitución, la trata de mujeres y niñas, la venta de niñas y adolescentes, los matrimonios infantiles y el alquiler de vientres, los cuales deben ser tratados como delitos, juzgados con perspectiva de género, así como la abolición de la explotación sexual, con una visión de progresividad y transparencia”.
Expusieron que es imperioso atender la feminización de la pobreza, “que se ha reflejado en las brechas de desigualdad, por lo cual solicitamos fomentar programas de empleo y salario digno para todas las mujeres, que contengan iniciativas de licencia de ausencia laboral con apoyo económico ante situaciones de violencia de género, así como espacios laborales libres de acoso laboral, sexual y discriminación”.
Destacaron que la 3 de 3 contra la violencia debe “ser ley en todo el país; limitando incorporar a deudores de pensión alimenticia, hostigadores sexuales y agresores que hayan ejercido violencia de género”.
Exigieron también, que “como parte de la agenda política de quienes queden electos/as garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, incluida la interrupción legal del embarazo de forma segura y gratuita en todo el país”.
Publicado en La Jornada
