Durante la sesión de la Diputación Permanente, el Partido Sinaloense, a través de un posicionamiento enviado por la diputada Angélica Díaz de Cuén, se sumó al llamado que hacen los empresarios para aplazar la prohibición de productos derivados de UNICEL, y exhortó a los integrantes de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, a que escuchen a las diferentes partes interesadas en este tema, y tome en consideración las necesidades actuales como consecuencia de esta pandemia provocada por el COVID 19.
En el documento la diputada Díaz de Cuén también solicita que se dictamine la iniciativa del Partido Sinaloense que propone el aplazamiento de la entrada en vigor de la prohibición de plásticos de un solo uso, y respecto de la cual la Comisión tiene las más amplias facultades para ampliar su objeto e incluir estas propuestas planteadas por los empresarios sinaloenses para establecer un esquema que haga viable este nuevo ordenamiento y que a su vez, no afecte a los consumidores en el precio de los productos, si no se aprueba la prórroga de la vigencia.
“Es importante que apoyemos a las micro y pequeñas empresas y a los ciudadanos de la entidad, con una medida de esta naturaleza. Nosotros, como Congreso debemos de ser la caja de resonancia de la sociedad y estamos conscientes que en el marco de la pandemia las MIPYMES fueron las más afectadas, y como consecuencia de ello, miles de empleos se perdieron; por lo que en esta etapa de recuperación económica que vivimos, hay que apoyarlas en aquello que esté en el ámbito de nuestra competencia, para que los empleos perdidos se recuperen y con ello también las familias que necesitan de un ingreso para sobrevivir.
”Añadió que para el Partido Sinaloense es prioritaria la salud de las personas y el medio ambiente, pero también es importante apuntalar a las empresas y la economía del estado. De su fortalecimiento depende un desarrollo responsable y compartido, entre los tres niveles del gobierno y la sociedad, que permita defender los empleos, sus empleadores y a los consumidores.
Hay que recordar que el 23 de enero de 2020, la 63 Legislatura aprobó el Decreto 445 que contiene la reforma a la Ley de Residuos y a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa, con la finalidad de que en la entidad se eliminara de manera gradual el uso de plásticos de un solo uso, y así contribuir a mejorar nuestro medio ambiente.
Dicho Decreto fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 023, de 21 de febrero de 2020, por lo que a partir de esta fecha se inició el conteo de diversos plazos previstos en los artículos transitorios para ir gradualmente eliminando el uso y comercialización de determinados productos que se consideraron contaminantes para nuestro medio ambiente.
Uno de estos plazos fue el que se estableció en el quinto párrafo del Artículo Segundo Transitorio, el cual señala que: “La prohibición de los productos de plástico no biodegradable establecidos en la fracción VI del artículo 74 de la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa, entrará en vigor de forma gradual, conforme a los plazos siguientes: El inciso e, a los quinientos cuarenta días naturales de la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
Es decir, que a partir del 21 de febrero de 2020 se computaría el plazo para que iniciara la vigencia para la prohibición de la comercialización, distribución o entrega, a título gratuito u oneroso, de los productos de plástico no biodegradable consistentes en: “Los productos derivados del poliestireno expandido (PCD o UNICEL)”. Por lo cual, la fecha de entrada en vigor de la prohibición de este material fue el pasado 14 de agosto de este 2021.
“Sabemos que el compromiso de los Diputados de este Congreso por dejar a las futuras generaciones un medio ambiente sano no está en duda ni a discusión, por el contrario, está más firme que nunca nuestra convicción, sin embargo, con motivo de la pandemia generada por el COVID 19 y con ella también la crisis económica que ya todos conocemos, hubo efectos imprevistos no contemplados al momento de emitir la reforma que recayeron sobre los empresarios sinaloenses, ya sea por cuestiones de inventarios, por escasez en el mercado para conseguir los nuevos materiales o bien por falta de liquidez para invertir en la sustitución, que a decir de ellos mismos es hasta seis veces mayor el costo del nuevo material, el cual impactaría en el precio de sus productos y por supuesto en el bolsillo de los consumidores”.
