Héctor Melesio Cuén Ojeda
El pasado 05 de febrero, los mexicanos celebramos el 105 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917 y reconocida internacionalmente como la “ primera constitución social del siglo XX”, dado que otorgaba primacía a los llamados derechos sociales versus los derechos individuales propios del constitucionalismo liberal del siglo XIX, resaltando los artículos 3, 27 y 123, e incluyendo implícitamente el tema de salud en el derecho de igualdad, y posteriormente de manera explícita en el artículo 4 “el derecho a la protección de la salud” con las reformas a la Constitución de 1983 y del año 2020 con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 08 de mayo del 2020.
Efectivamente como lo han escrito diversos especialistas e historiadores, hasta 1917 la protección a la salud se había entendido asociada con las prestaciones de seguridad social de la clase trabajadora, es decir, como un derecho únicamente para los trabajadores y su familia, y no para todos los mexicanos en general, resaltando en este sentido la labor extraordinario que ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero que nace hasta 1943 con la publicación de la Ley del Seguro Social en el Diario Oficial el 19 de enero de ese año.
Fue hasta el 3 de febrero de 1983, después de 66 años del legendario congreso constituyente de Querétaro, que se añadió al artículo cuarto de la Constitución en el párrafo tercero explícitamente el derecho a la sanidad en México, señalando que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
De esta manera, a partir de 1983 el derecho a la protección de la salud se elevó a rango constitucional, convirtiéndose en una garantía de igualdad otorgada por la Constitución, y posteriormente, el 7 de febrero de 1984 se decretó la Ley General de Salud -reglamentaria de la nueva garantía constitucionalizada-, que estableció las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
Actualmente existe un debate entre los juristas especializados en derechos humanos en torno a la pertinencia de modificar la expresión constitucional “protección de la salud” por la de “derecho a la salud”, como aparece fraseado en la mayoría de los instrumentos sanitarios internacionales.
Lo cierto es que al margen de la literalidad de la expresión, la salud en México ha pasado a ser constitucionalmente ya un “derecho humano” dado que con la histórica reforma del 10 de junio del 2011, el capítulo I de nuestra Carta Magna que va del artículo 1 al 29, pasó a llamarse “De los derechos humanos” dejando atrás la expresión carrancista referida a “Las garantías individuales”.
Y aunque en esa ocasión el artículo 4 no fue objeto de reforma, éste paso en bloque a convertirse en un derecho humano de todas las personas, reconocido por la Constitución, de conformidad con el nuevo artículo primero, que a partir del esa fecha quedó en los siguientes términos: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
Finalmente, y como lo comentamos párrafos atrás, la última reforma al texto del artículo cuarto constitucional es muy reciente. Por iniciativa del presidente López Obrador se le adicionaron las líneas siguientes: “La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
En ese compromiso diario estamos, siguiendo las instrucciones del gobernador Rubén Rocha Moya de hacer realidad estos postulados constitucionales y refrendando todos los días la confianza que los sinaloenses le otorgaron a este nuevo gobierno para hacer que las cosas cambien, funcionen y se transformen en beneficio de todos pero priorizando siempre a la población más necesitada.
Publicado en El Sol de Sinaloa
