A tres años de gestión del fiscal General de la República General de la República, Alejandro Gertz Manero, el saldo de su desempeño ha sido de retroceso en materia de justicia y una carencia de rendición de cuentas, advirtieron las organizaciones Seguridad sin Guerra y Colectivo de la Impudemia. Desde su llegada la FGR ha realizado una justicia selectiva “lo que es evidente desde el caso del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto o el de Alejandra Cuevas, ex cuñada del fiscal”.
En un pronunciamiento, las organizaciones señalaron que el fiscal incumplió la Ley Orgánica al grado de proponer su abrogación, y la emisión de una nueva ley “en 2021 acorde con sus intereses, reduce los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas , elimina salvaguardas para la autonomía de la Fiscalía y la de los altos fiscales, derechos de las víctimas y los mecanismos de control externos”.
Por ello, ante los reiterados imcumplimientos de la FGR varias organizaciones de derechos humanos se han promovido juicios de amparo entre los cuales destacan: amparos por la falta de designación al Consejo Ciudadano; amparo por la omisión de la confirmación de la Unidad Mixta de Investigación en la FGR ; amparo contra las designaciones del Fiscal de Derechos Humanos y Fiscal Anticorrupción.
Aseguraron que la FGR no tiene definición clara de objetivos prioritarios ni existe evidencia de que el Plan Persecusión Penal esté siendo implementado por la FGR “dado que sus resoluciones muestran un comportamiento similar al de años previos”.
Publicado en La Jornada
