Héctor Melesio Cuén Ojeda
Al margen de filias y fobias políticas nadie en México puede regatearle al presidente Andrés Manuel López Obrador ser el dirigente político que puso en un primer plano la necesidad de apoyar prioritariamente y con recursos directos, a todos los adultos mayores de nuestro país. Cuando nadie planteaba el tema, fue pionero como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, en asignar recursos etiquetados del presupuesto en apoyos extraordinarios al ingreso de la gente mayor. Una acción popular que quisieron desvirtuar como populista y terminaron imitándola tanto el gobierno federal como diversos ejecutivos locales.
Hago esta referencia particular a la biografía del presidente de la República, porque hace unos días se conmemoró en nuestro país y a nivel internacional, el Día del Adulto Mayor, una oportunidad para reconocer a las generaciones que más han contribuido al desarrollo socioeconómico y político del país, y una fecha propicia para reiterar el compromiso político de reconocerles el legado construido a lo largo de su vida.
El México lo celebramos el 28 de agosto y a nivel internacional por disposición de la ONU, desde 1990 se reserva para este festejo el 01 de octubre, y en general institucionalmente se considera al adulto mayor como una persona que tiene más de 60 años y se refiere a la etapa que suma todas las experiencias de la vida y acumula la concresión de múltiples metas familiares, profesionales y sociales. Pero también es una fase vital que marca el inicio de una etapa donde las personas presentan condiciones de vulnerabilidad física, social y económica.
De hecho en México contamos desde junio del 2002, hace veinte años, con una Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en su artículo tercero define jurídicamente a las personas adultas mayores como “aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domicialiadas o en tránsito en el territorio nacional”.
Con motivo de esta efeméride hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó una serie de información muy interesante sobre las personas de 60 años y más en México, destacando los siguientes datos:
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el segundo trimestre de 2022 se estimó que en México residían 17,958,707 personas de 60 años y más (adultas mayores). Lo anterior representa 14% de la población total del país.
De las personas adultas mayores que conforman la Población Económicamente Activa (5,848,497), 99% se encuentra ocupada y el 1%, desocupada. Del grupo de personas ocupadas, 49% trabaja por cuenta propia. Lo sigue el de las y los trabajadores subordinados y remunerados, con 38 por ciento. Son pocas las personas que llegan a una edad avanzada y son empleadoras (10%), mientras que hay quienes no perciben remuneración por su trabajo (3%).
Según la Organización de las Naciones Unidas, las personas de edad avanzada suelen trabajar en empleos mal remunerados, viven del apoyo de la familia o sus ingresos se limitan a las pensiones. La ENOE en México nos indica que 45% de las personas adultas mayores que están ocupadas gana hasta un salario mínimo, 22% obtiene ingresos de más de un salario y hasta dos salarios mínimos y 7% gana más de dos y hasta tres salarios mínimos. Nótese que 9% no recibe ingresos.
En cuanto a las condiciones laborales, estimaciones de la misma ENOE señalan que durante el segundo trimestre de 2022, 44% de quienes trabajaban de manera subordinada y remunerada con 60 años y más, no contaba con prestaciones. En los hombres este porcentaje representó 45% y en las mujeres, 43 por ciento.
A este respecto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dicho que, conforme transcurre el ciclo vital de las personas, aumenta la posibilidad de caer en el empleo informal. En México, 70% de la población ocupada de 60 años y más tiene un empleo informal.
Todo lo anterior, nos debe convocar a robustecer las políticas públicas a favor de la población adulta, máxime si consideramos que se trata de un conjunto etario de 18 millones de mexicanos y con una esperanza de vida ya cercana a los 80 años. Se deben complementar aciertos históricos como la pensión a adultos mayores con facilidades de acceso a trabajos bien remunerados, formales y con todas las prestaciones de ley.
La Federación y los estados deben hacer sinergia en esta tarea. De acuerdo al paquete económico 2023, el gasto federalizado para Sinaloa por ejemplo ascenderá a 58 mil millones de pesos, más un diez por ciento de recursos propios generados por la entidad (es el promedio nacional); es decir, en todas las entidades puede haber márgenes para el esfuerzo y un compromiso mayor. Es lo menos que le debemos a nuestro mayores.
Publicado en El Sol de Sinaloa
