Brandon Celaya
Kenia Hernández, activista indígena amuzga, lleva 20 meses privada de su libertad, luego de que fuera detenida y condenada a más de 20 años de prisión por diversos cargos, entre los que se encuentra robo con violencia.
La activista cuenta con dos sentencias condenatorias, que ya fueron apeladas. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que las imputaciones contra Kenia son fabricadas y que sus detenciones han sido arbitrarias.
El pasado 3 de octubre de 2022, la activista alertó a sus abogados sobre la emergencia sanitaria que se vive en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 16, donde ella se encuentra encerrada.
En este penal de máxima seguridad ubicado en Coatlán, Morelos, Hernández reportó el brote de una enfermedad que ha afectado a por lo menos setecientas reclusas y pone en riesgo a cerca de ochocientas.
Según las declaraciones de Kenia, las internas han presentado síntomas que incluyen fuertes dolores de estómago, vómitos, diarrea, fiebre, mareos y dolor muscular. Por su parte, la activista dijo sufrir mareos, fiebre de 39 grados, dolor extremo de cabeza y estómago.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), solicitó la intervención urgente del gobierno mexicano ante la situación en el penal de Morelos.
Foto: Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
El caso de Kenia
Kenia Inés Hernández Montalván es coordinadora del “Colectivo Libertario Zapata Vive”, mediante el que defiende los derechos a la tierra, la identidad colectiva y promueve diferentes formas de resistencia pacífica. También es una de las dirigentes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.
La defensora comunal fue detenida tres veces. La primera detención sucedió en el Estado de México, en junio de 2020, bajo la acusación de robo con agravante, y culminó con su liberación bajo fianza. Posteriormente, el 18 de octubre fue detenida en Puebla por 22 elementos policiales y de ahí la llevaron al Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La activista estuvo a punto de salir nuevamente de la cárcel, pero el 25 de octubre, día que debía ser liberada, se le detuvo otra vez bajo el cargo de ataque a las vías de comunicación por protestar cerca de una caseta de peaje en Guerrero a principios del 2020.
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Kenia se mantuvo en prisión preventiva oficiosa, hasta que en 2022 fue sentenciada dos veces por tribunales del Estado de México. Ambas condenas se otorgaron en menos de un mes y suman un total de 21 años 9 meses de prisión a purgar.
Las condenas están relacionadas con nueve causas penales en contra de la activista, siete del ámbito federal y dos a nivel local.
Foto: Cuartoscuro
Múltiples organizaciones nacionales e internacionales han acusado que todos los cargos en contra de Kenia son fabricados y, además, las detenciones que ha sufrido son arbitrarias y violaron sus derechos humanos.
Entre las organizaciones destacan la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de los Estados Unidos. El caso incluso fue atraído por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Entre las evidencias que muestran la inocencia de Kenia Hernández, su defensa presentó un dictamen pericial de geolocalización para demostrar que ella se encontraba a 600 kilómetros de distancia del sitio del robo que la acusan; no obstante, el estudio fue desechado por el juez.
Para la organización Frontline Defenders Kenia Hernández es víctima de acoso judicial para impedir su derecho a la protesta. A esto agregan señalamientos de agresiones físicas y detención arbitraria al momento de la captura.
Actualmente Kenia purga sus sentencias con una salud mermada por los abusos y en medio de una emergencia sanitaria al interior del penal de Morelos.
Publicado en Aristegui Noticias
