Gerardo Hernández
La NOM-035 de factores de riesgo psicosocial cumple dos años de vigencia plena (y cuatro de vida) y aunque se ha avanzado en el diagnóstico, una buena parte de las empresas no ha realizado un plan de intervención para atender lo que han mostrado las evaluaciones aplicadas a su fuerza laboral. Es decir, se conoce la enfermedad, pero no hay tratamiento.
De acuerdo con un informe de AON, la aplicación de cuestionarios para identificar los riesgos psicosociales y evaluar el entorno organizacional en las empresas es una de las medidas que más se ha ejecutado, pero hay un rezago en las acciones para atender las causas de los factores que ponen en riesgo la salud mental de las personas trabajadoras.
Desde la perspectiva de Francisco Ortega, especialista del Observatorio de Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional (Obfapbio) de la UAEM, la situación que viven las empresas respecto a la NOM-035 se vincula con los errores al interpretar los resultados obtenidos de las evaluaciones. “A la hora de establecer las modificaciones o las intervenciones no les queda claro qué hay que hacer”, expone.
En este sentido, un desafío que tiene la normativa, opina el especialista, es que las intervenciones que se realizan atiendan la raíz del problema que afecta a cada cultura organizacional. “A la hora de interpretar es donde hay más conflicto, y si hay conflicto para esto, con más razón hay dificultades para establecer medidas de prevención o intervención. Una mala interpretación conlleva a intervenciones innecesarias, inconclusas o mal hechas”.
Jorge Gutiérrez Siles, consultor senior de la firma Kaysa, considera que el estado actual de la norma es de “desilusión”, pero no por lo que plantea el instrumento, sino por errores en su aplicación. “Creo que la aplicación se ha convertido en un uso y comercialización de plataformas de fácil acceso, pero que en ocasiones sólo enmascaran los problemas. Es como tener una enfermedad complicada, pero en lugar de tener un buen diagnóstico, te tomas un placebo”.
Desde la óptica del especialista, la ausencia de los planes de intervención es sólo uno de los desafíos que tiene el marco normativo, pero la otra cara de la moneda es que los diagnósticos tampoco son los adecuados.
“Los semáforos que la norma establece son indicadores iniciales para comenzar todo un sistema de gestión que implica un análisis y presentar todo un mecanismo para atender los factores de riesgo, pero en toda esta parte hay muy poco. Hasta donde se ha quedado es tener un semáforo; de nada te sirve saber que hay un incremento de cargas de trabajo, después de eso tenemos que hacer un análisis con las personas para revisar su función”, señala Jorge Gutiérrez.
El reporte de AON muestra que las jornadas de trabajo y las cargas laborales son los aspectos de mayor impacto para los trabajadores. Los factores de riesgo psicosocial son situaciones vinculadas con el trabajo y el entorno organizacional que pueden ocasionar una afectación en la salud mental de las personas y desencadenar en estrés, ansiedad, depresión o alteración del ciclo de sueño-vigilia, entre otros.
Para Jorge Mérida, socio creativo de la firma ADN Wellbeing, en los últimos meses se observa una reactivación en el interés y en la continuidad en la implementación de la norma en las compañías. “Pareciera que las empresas están desempolvando el diagnóstico que habían hecho en alguna ocasión a finales del 2019 o inicios del 2020”. Sin embargo, después del impacto de la pandemia y que se congelara la aplicación del instrumento, es probable que muchas organizaciones necesiten partir de cero, considera.
Coincide en que en los últimos dos años las intervenciones para atender los factores de riesgo psicosocial han sido de manera emergente. Pero es probable que a muchas empresas la emergencia sanitaria por la Covid-19 no les haya permitido si quiera hacer un plan de acción. “Creo que estaban en la etapa de diagnóstico cuando llegó la pandemia”.
¿Ha disminuido el estrés laboral? ¿Hay menos violencia en los espacios de trabajo? Esas son algunas de las preguntas que debemos hacernos y que muestran el impacto real de la aplicación de la norma, agrega Jorge Gutiérrez.
Los costos para el negocio
Más allá del incumplimiento normativo, la incorrecta adopción de la norma tiene un impacto negativo tanto en la salud de las personas como en la rentabilidad de los negocios. Jorge Mérida subraya que en las empresas donde no hay una promoción de la salud activa, cualquier inversión se traduce en automático en un gasto.
Por su parte Jorge Gutiérrez expone que por cada dólar que se invierte en el cuidado de la salud mental se puede tener un retorno de hasta cuatro dólares, siempre que se haga bien. “Los gerentes probablemente no tienen el conocimiento de lo que están perdiendo y muchas veces piensan que hay que cumplirla para evitar una inspección, pero no tienen claro cuánto les está costando el ausentismo, la rotación, el presentismo”.
La NOM-035 es una norma preventiva que le proporciona a las empresas los elementos para identificar los factores de riesgo psicosociales y, con base en ello, realizar cambios para mitigarlos en favor del cuidado de la salud mental de sus colaboradores. Las medidas preventivas del instrumento entraron en vigor en octubre de 2019 y la aplicación de las evaluaciones, un año después.
Los especialistas coinciden en que la norma ha derribado estigmas en torno a la salud mental en el trabajo, reconociendo los riesgos psicosociales vinculados con los espacios laborales y, a pesar de que tiene retos, es un instrumento que ayudará a crear mejores ambientes de trabajo en favor de empleados y empresas.
“Nos hemos dado cuenta de todo lo que puede afectar al ser humano el trabajo y la importancia de llevar un control de medidas y de prevención”, apunta Francisco Ortega.
Publicado en El Economista
