Pedro Matías
A María Elena Ríos le duelen su piel rugosa y deformada por el ácido, su cuerpo flagelado por noches de insomnio ante el acecho de la muerte, el alma por el sufrimiento de su familia, la tortura institucional. Y otra vez le duele no tener un lugar seguro donde vivir.
Porque, como le ha ocurrido en distintos momentos desde que fue víctima de un ataque con ácido, ahora por el impacto mediático de su denuncia contra el juez que procesa al exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal –acusado de orquestar la agresión–, debió buscar un nuevo domicilio.
“Yo vivo al día por inercia. No tengo paz, ni yo ni mi familia, porque mi agresor Juan Antonio Vera Carrizal está endiablado. No sé si algún día yo pueda vivir en paz”, dice, sobre la polémica decisión del juez Teódulo Pacheco de modificar la medida cautelar de prisión preventiva en un penal por la prisión domiciliaria.
Inercia, explica en una entrevista telefónica con Proceso, es para ella “sinónimo de a chingadazos, a ver cómo viene el putazo. Así como me tiran el putazo pues yo trato de esquivarlo o de responder para defenderme. Pero imagínate qué putazo me están dando (con la resolución del juez Teódulo Pacheco Pacheco) que se tuvo que hacer nacional esto”.
“¿Quién es María Elena? –se pregunta la saxofonista mixteca, y responde: –Ni yo sé ni quién carajos soy, porque a veces me siento bombardeada de tantos obstáculos, que lo único que hago es reaccionar y tratar de sobrevivir porque ésta no es una forma de vida. No vives”.
María Elena Ríos Ortiz es sobreviviente de un intento de feminicidio en un ataque cometido con ácido el 9 de septiembre de 2019. Después de eso se le ha criminalizado, ha sido estigmatizada “por tener ratos felices” y se le ha condenado a vivir una tortura institucional desde hace tres años, cuatro meses y 25 días.
Elena es una de las aproximadamente 28 mujeres que, según datos de la fundación Carmen Sánchez, ha sufrido un ataque con ácido en las últimas dos décadas. 22 han sobrevivido a estas agresiones, aunque los ataques con sustancias corrosivas son más, pues la Secretaría de Salud registró más de 40 sólo el año pasado.
Después de que la propia María Elena difundiera lo ocurrido en la audiencia en la que el juez Pacheco admitió el cambio de medida cautelar de prisión carcelaria a domiciliaria para Juan Antonio Vera, una andanada de reacciones políticas de todos los niveles movió los hilos hasta el Poder Judicial de Oaxaca, donde se ventila el caso.
Desde el Congreso de la Unión y flanqueada por legisladores de distintos partidos, la víctima pidió la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez, y del juez de control Teódulo Pacheco “por corruptos”.
La presión pública resonó en Palacio Nacional, en el Congreso de la Unión y en el gobierno el estado, lo que obligó a que la jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Martha Santiago Sánchez, determinara dejar momentáneamente sin efecto la prisión domiciliaria que el juez Pacheco había resuelto en favor del exdiputado Vera, quien nunca abandonó el Penal de Tanivet.
El consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, confirmó que el oficio para suspender la orden del juez Teódulo Pacheco les fue entregado el 24 de enero, por lo que Vera continuará en prisión preventiva.
En tanto, la Fiscalía General de Oaxaca interpuso un recurso de apelación contra la modificación de medidas cautelares a Vera Carrizal. Esta vez argumentó que existe el riesgo de fuga y se pone en peligro una vez más la vida de Ríos Ortiz.
