Ana Bertha Gutiérrez*
La población de México está envejeciendo. Este cambio demográfico se ve venir desde hace años, y no hay evidencia más fuerte que el hecho de que, en las últimas dos décadas, la cantidad de adultos mayores se ha casi duplicado (al pasar de 9.6 a 18.2 millones de personas). Esta situación tiene implicaciones para muchos aspectos de la vida en México, tanto en el sector público como en el privado. Traerá consecuencias, por supuesto, en el gasto gubernamental en salud y en pensiones, pero también para las decisiones financieras, de vida y laborales de las generaciones del futuro.
Un poco de contexto: a diferencia de la población en edad avanzada, los jóvenes y niños están disminuyendo en números. En los últimos 17 años, sólo se han sumado 3.6 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años a la población mexicana (un número que palidece en comparación con los 8.6 millones de adultos mayores de 60 años que se sumaron en el mismo periodo). Además, la cantidad de niños de 14 años o menos ha disminuido en esos años, y hay 3.6 millones menos que en 2005. Esto genera un enigma difícil para la población mexicana en los años que vienen: una cantidad menor de adultos jóvenes tendrá que mantener, o al menos apoyar, a una cantidad mayor de personas en edad avanzada.
Conforme ese panorama se avecina, la necesidad de asegurar la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral se vuelve cada vez más apremiante. La tarea no es nada insignificante: de todos los grupos poblacionales del país, los jóvenes son los que menos empleo tienen. Son más de 700,000 las personas de entre 20 y 29 años que buscan pero no encuentran empleo, lo cual resulta en una tasa de desempleo de 5.3% (muy por encima del 3.0% observado para la población en general). Esto se suma al hecho de que, por defecto, los jóvenes tienden a tener ingresos menores a los del resto de la población (dada su relativa inexperiencia laboral), es decir, la desocupación juvenil aporta a una generación insuficiente de recursos para quienes serán los proveedores del futuro.
Pero no se trata solamente de asegurar una inclusión que se refleje en un mayor número de puestos laborales para los jóvenes que un día asumirán la carga económica del país. Se trata de incluirlos en el acceso a elementos básicos para tener mejores condiciones de vida, ahora y en el futuro».
Incluirlos, por ejemplo, en el sistema de ahorro para el retiro (sólo cuatro de cada 10 jóvenes con empleo acceden a él), de manera que puedan planear para su futuro y tener un poco más de certeza sobre sus capacidades económicas en las siguientes décadas. Incluirlos también en el sistema de cuidado a la salud, de manera que puedan llegar a la adultez mayor en condiciones más saludables.
Hoy se conmemora el Día Nacional por la Inclusión Laboral en México, una de muchas fechas que celebran la inclusión y las habilidades de los jóvenes en el mundo. Más que celebrarlos, es hora de actuar para aumentar sus posibilidades y su nivel de vida en el futuro.
Ver a la inclusión laboral de los jóvenes como un problema únicamente del presente es tener ceguera voluntaria. Sus ramificaciones van mucho más allá de sus posibilidades económicas en los próximos cinco o 10 años, por lo que crear un entorno económico con suficiente crecimiento y actividad para garantizar la creación de trabajos para la población joven, e implementar adecuadamente las leyes laborales para asegurar prestaciones son medidas necesarias y urgentes.
Queda claro que la inclusión laboral de los jóvenes está intrínsecamente ligada con el acceso a de las próximas generaciones a una mejor salud conforme envejezcan, con la garantía de mayores recursos en su adultez y, al final del día, con una mayor certeza de que podrán atender sus necesidades – y las de sus familias– a lo largo de toda su vida.
*La autora es coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del IMCO (@AnaBerthaGtz)
